Nuestra Ciudad puede exhibirse como una inmejorable antología de la incoherencia. Durante décadas hemos acumulado méritos más que suficientes para forjarnos la imagen de un territorio en el que todo está impregnado de anormalidad. La educación se erige como un paradigma incontestable de esta lastimosa e ignominiosa característica. No resulta congruente que siendo la región con mayor fracaso escolar de España, los partidos políticos y las instituciones maltraten con saña el sistema educativo ante la más absoluta indeferencia del conjunto de la sociedad. Ante la elocuencia de los hechos habrá que recurrir a algún tipo explicación esotérica, para concluir que sobre la educación en Ceuta pesa una maldición. No tiene arreglo.
Venimos de padecer uno de los periodos más nefastos en materia educativa de la era democrática. El PSOE decidió convertir la Dirección Provincial en una trinchera política, y a partir de ahí, dar rienda suelta a todas las fobias que tienen profundamente interiorizadas en contra de nuestra Ciudad. El resultado no podía ser otro. Masificación de las aulas, hartazgo del profesorado, el fracaso como norma y la propaganda huera como estandarte. No es extraño que la comunidad educativa anhelara el relevo urgente de tanta mediocridad sublimada en prepotencia estéril. Aunque las referencias del PP en relación con la enseñanza pública eran bastante deprimentes y desalentadoras, la degradación había llegado a tal extremo que parecía insuperable. Y sin embargo, en a penas dos semanas, el nuevo equipo dirigente ha demostrado que es más que posible. La tarjeta de presentación no ha podido ser más inquietante. Tres decisiones han bastado para amenazar de frustración toda expectativa de regeneración y cambio de dirección.
Uno. Han anunciado la creación de un órgano específico para la gestión de la política educativa de Ceuta y Melilla. Era una forma de hacer patente un buen comienzo pues, no en vano, se trataba de un cambio de modelo necesario muy reivindicado desde hace una década desde diversos sectores, incluyendo los estrictamente profesionales. Es oportuno recordar que Ceuta y Melilla son, en la actualidad, competencias residuales y desubicadas en una estructura ministerial concebida para coordinar un régimen plenamente descentralizado.
Sin embargo, y por increíble que pueda parecer, era falso. El real decreto de dieciocho de febrero que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación no contempla tal figura. Conserva prácticamente inalterada la situación anterior, en la que una subdirección general, entre sus cuatro competencias, tiene asignada la coordinación de las direcciones provinciales de Ceuta y Melilla. La mentira no es el mejor camino. De eso, ya estamos ahítos.
Dos. De manera sorpresiva y sorprendente el Ministerio ha suprimido (amortizado) cerca de medio centenar de plazas de las plantillas orgánicas de los centros de educación secundaria. Lo ha hecho sin previa consulta ni explicación. Irresponsablemente. Esta decisión supone, en primer lugar, un debilitamiento del principio de estabilidad de los Claustros, considerado como pieza clave en orden a la mejora de la calidad de la enseñanza. Las plantillas más cortas presentan, lógicamente, un mayor grado de rotación del profesorado adscrito. Pero lo más grave es que han desmantelado los departamentos de orientación de los institutos, en una ciudad en la que, precisamente, una de las cuestiones primordiales es reforzar la atención a la diversidad. No existe una alternativa en este ámbito, pero ya han laminado lo existente de manera preventiva.
El destrozo se perfecciona despojando a los profesores afectados de sus legítimos derechos. Quienes eran propietarios definitivos han pasado a situación de expectativa de destino sin la menor consideración.
Una falta de respeto impropia de un régimen democrático. Tres. Los profetas de la austeridad, que repiten constantemente hasta la saciedad las dificultades (imposibilidad) para asumir nuevos gastos, como si se tratara de un dogma; se han permitido el lujo de conceder una comisión de servicios al jefe de programas cesante, sin horario disponible ni justificación docente, y consumiendo la consignación presupuestaria de un profesor. Indignante. No se sabe, a partir de ahora, con qué fuerza moral van a denegar recursos a los centros, o van a rechazar solicitudes de otros profesores para recibir idéntico privilegio. Un precedente que se convierte en una incomprensible hipoteca, sólo explicable en los términos de “favores entre la casta política” tan justamente denostados por cada vez más amplios sectores de la opinión.
