Dos plenos extraordinarios se celebrarán en la mañana del jueves, a partir de las diez para debatir un asunto en cada uno de ellos.
El primero será la desaparición definitiva de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo (GIUCE) y el segundo para la decisión que tomó el equipo de gobierno en la reunión del pasado viernes de suspender el tope de los quinientos euros para la licitación de compras o de obras. Precisamente, en la mañana de ayer se celebró la comisión informativa de Fomento para aprobar la desaparición de la GIUCE. Debe destacarse que cuando se produjo el fallido intento de reestructuración del sector público empresarial que ya tenía negociado el Gobierno con los sindicatos por unos problemas legales, lo cierto es que la GIUCE se iba a integrar en un Servicio Regional junto a Emvicesa y alguna otra sociedad. Sin embargo, hubo un momento en que todo el personal que estaba en la GIUCE, que es un organismo autónomo perteneciente a la Administración, solicitó su vuelta al Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento, con lo cual la GIUCE se quedó en la práctica sin empleados, de ahí la decisión del equipo de gobierno de comenzar su proceso de disolución, que ha tardado más de la cuenta ya que determinadas inversiones estaban todavía iniciadas por la Gerencia y se debía esperar a completarlas. Hacienda Por otro lado, cuando termine esa sesión plenaria, le tocará el turno a la revisión de la base de ejecución número diecinueve de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma, la que estableció el tope de los quinientos euros para la licitación a partir de esa cantidad. Para hoy está convocada la Comisión informativa de Cuentas que es la que debe informar de este punto que se abordará en el pleno y a su finalización se ha convocado una comparecencia por parte del consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira. La oposición ya ha anunciado que votará en contra de esta medida aduciendo que el Gobierno no ha querido mantenerla para que no haya control en las adjudicaciones. Desde el equipo de gobierno explicó la misma Yolanda Bel el pasado viernes, a la finalización del Consejo de Gobierno, que después de un mes y medio de analizar esta medida se decidió su eliminación porque no se quería, por un lado, que hubiera problemas en el desenvolvimiento normal de los servicios y en segundo lugar, ya que desde la Ciudad Autónoma no se quería perjudicar para nada a las pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad.
