Se enjuiciará una presunta mala praxis médica en el tratamiento de un hombre accidentado Un juicio encuadrado en el Penal número Dos de nuestra ciudad, que se iba a celebrar ayer (tras tres suspensiones previas) y que versa de una presunta mala praxis de dos médicos del Ingesa, para los que se pide cárcel, quedó finalmente suspendido tras el acuerdo al que alcanzaron en los días previos todas las partes, que acordaron que el desarrollo de la misma se lleve a cabo en la semana que va del 24 al 29 de junio del presente año.
La razón de esta decisión se debe a que el número de testificales es considerable y, en aras de que se puedan conceder espacios de declaración sín límite de tiempo, se creyó conveniente dedicar toda una semana para este caso cuya génesis se remonta al 2 de febrero de 2004.
¿Qué pasó entonces para que dos médicos del Ingesa, los llamados J.F.M. y M.V.A., se enfrenten a una pena de prisión? En el antiguo hospital de Cruz Roja ingresaba P.J.D.R. tras sufrir una luxación de rodilla producida en un accidente de tráfico. Tras ser operado quedó ingresado debiendo permanecer varios días para evitar complicaciones. No fue así, ya que 24 horas después, uno de los médicos acusados, J.F.M., le daba el alta hospitalaria a pesar de que no era su paciente y del necesario tiempo de observación médica que había requerido.
El resultado fue que dos días después, el 4 de febrero, el paciente empeoró y se vió obligado a ingresar, de nuevo, en el clínico. Allí fue atendido por el segundo de los médicos acusados, M.A.V., quien certificó la existencia de un síndrome compartimental.
El paciente tuvo que ser operado de una reluxación, teniendo que ser evacuado al Hospital Puerta del Mar de Cádiz debido a la gravedad del cuadro clínico que presentaba. A continuación, la víctima tuvo que permanecer 200 días en el hospital, requiriendo 1.747 días de curación y padeciendo un grado de minusvalía total del 65 por ciento, unas secuela que aún hoy, casi diez años después, arrastra.
Por todo ello, tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular solicitan penas para los acusados, aunque en distintos grados: mientras que la primera solicita un año y seis meses de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante tres años, al entender que su actuación no fue la correcta, lo que provocó que las lesiones padecidas por uno de sus pacientes fueron mayores, la segunda eleva a dos los años de cárcel y mantiene el periodo de inhabilitación señalado.
Además la Acusación Particular entiende que sí hay una implicación de los profesionales en un presunto delito de lesiones por imprudencia grave, solicitando, como añadido a la pena una indemnización de 500.000 euros por los daños físicos y morales sufridos, cantidad que el Fiscal rebaja a 290.000.
Por su parte, la Defensa de los médicos solicitan la libre absolución de los dos facultativos, unas peticiones que, desde junio, podrán ser valoradas por el magistrado juez titular del Penal Dos en aras de que dicte sentencia posteriormente en un sentido u otro.
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