Dos hermanos que trabajan en una empresa familiar dedicada al ramo de la construcción fueron juzgados ayer –uno de ellos en ausencia– por un delito de falsificación de documento. Un ex empleado les acusó en el Juzgado de lo Social, en el transcurso de una vista oral por reclamación de cantidad, de haber falsificado la firma de un recibo de un adelanto pecuniario.
Compareció ante el Juzgado de lo Penal número 2, en calidad de testigo, un agente del Cuerpo Nacional de Policía experto en periciales caligráficas, quien puso de relieve que el documento, en efecto, no fue firmado por el denunciante, pero que no había pruebas para vincular a ninguno de los dos hermanos. En concreto, manifestó el especialista que no se podía confirmar la autoría de la firma en torno a ninguno de los acusados, aunque tampoco podría descartarse, dada la dificultad del análisis de unos simples trazos grafológicos como los analizados. Esto es, podrían haber sido, sí, pero también podrían no ser culpables del delito. La acusación particular pedía un año de prisión más una elevada multa.
El Ministerio Fiscal pidió la libre absolución de los dos acusados, con todos los pronunciamientos favorables, habida cuenta la falta de pruebas concluyentes. De hecho, indicó que el resultado de la prueba caligráfica había sido “contundente”. Por su parte, la defensa insistió en el argumento de la Fiscalía y dijo que la instrucción había sido “un desastre” y que los hermanos ni siquiera habrían debido ser imputados.
