Al marroquí con residencia en Bélgica Bouker A. la Guardia Civil le puso las esposas el pasado 25 de agosto, en un mes en el que la ruta de tráfico de drogas de Marruecos a Ceuta utilizando a súbditos belgas se hizo fuerte.
Hoy, la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 lo ha condenado a 3 años y un mes de cárcel después de que se le encontraran 27 kilos de hachís ocultos en el salpicadero del coche que conducía.
El acusado, que ha sido conducido desde la prisión de Mendizábal, ha reconocido los hechos pudiendo practicarse una conformidad. A la pena de cárcel impuesta se le añade una multa de casi 57.000 euros.
La verificación de la ruta del narcotráfico
No ha sido el único cuyo arresto y posterior condena ha servido para evidenciar esa ruta abierta del narcotráfico ya que a este joven se le ha sumado Mohamed E.M., marroquí nacionalizado belga a quien la Benemérita detuvo con algo más de 87 kilos de hachís repartidos en 231 bloques en el transcurso de un registro llevado a cabo en la estación marítima al Peugeot que conducía.
En el salpicadero y además en un doble fondo se halló el alijo de hachís tras un registro llevado a cabo el pasado 20 de agosto coincidente con la fase retorno de la OPE y en un momento en el que los intentos de colar sustancias estupefacientes aumentaron a pesar de los pequeños operativos dispuestos por las fuerzas de seguridad españolas y, en Bab Sebta, las marroquíes.
Hoy ha reconocido los hechos aceptando la pena de 3 años y seis meses de cárcel que no podrá ser suspendida. Mohamed viajaba con su mujer y 4 hijos menores de edad, recayendo solo la culpa e implicación en este delito de tráfico de drogas en él, tal y como indicó en Instrucción y así ha ratificado este jueves.
Ambos condenados estaban cumpliendo prisión preventiva a la espera de las vistas orales que fueron señaladas precisamente para esta mañana. Lo que se ha hecho es una confirmación de las penas acordadas entre sus abogados y la representante del Ministerio Fiscal para evitar de esta manera la celebración de los juicios para los que estaban citados diversos testigos, la mayoría guardias civiles.
Las drogas intervenidas en estos dos alijos fueron analizadas por el área de Sanidad dependiente de la Delegación del Gobierno para su posterior destrucción una vez que se remitieron los informes a los juzgados para demostración del THC que alcanzaron dichas sustancias.
