Solo quieren saber dónde están sus cuerpos.
Esperan noticias desde que el 16 de junio de 2021, los teléfonos de cinco inmigrantes marroquíes llegados a Ceuta en la
entrada masiva de mayo dejaron de sonar. Días antes habían comunicado a sus familias, casi todas asentadas en
Tetuán, que iban a salir en una embarcación desde la playa de San Amaro para alcanzar la Península. Nunca llegaron. Nunca, tampoco, fueron encontrados sus cuerpos ni la neumática que se convirtió en una trampa mortal pilotada por uno de los inmigrantes.
La UCRIF de la
Policía Nacional mantiene que están muertos. Que
perecieron en el mar en un naufragio esa misma noche. Por eso, ha relacionado a los tres ceutíes detenidos en la operación contra el tráfico de personas realizada en
Loma Colmenar a finales del mes pasado no solo con
delitos de tráfico de inmigrantes, sino también de homicidio por imprudencia. Los seguimientos y las intervenciones telefónicas constituyen solo una parte de las pruebas acumuladas en el marco de la investigación judicializada, un flujo de información constante en el que se llega a aludir de forma específica a la desaparición de estos jóvenes en el mar, así como a la manera en que estuvieron hacinados antes de su marcha.
Estos cinco marroquíes protagonizaron una de esas crónicas migratorias sobre desaparecidos que en tantas ocasiones aparecen en El Faro de Ceuta. Sus familias imploraban ayuda a través de este medio. “No sabemos si están vivos o no”, decían los seres queridos de Khalid, Ibrahim o Mohamed. Ahora, un año después, siguen preguntándose lo mismo: “¿Pero dónde están sus cuerpos?, ¿y la embarcación?”. Esa es la sombra de esta historia que se repite en demasiadas ocasiones en una Ceuta utilizada -por su mera ubicación fronteriza- por las redes dedicadas a este negocio.
Los cinco jóvenes se conocieron en la entrada masiva de mayo, intimaron al coincidir en la ciudad y todos ellos terminaron convirtiéndose en objetivo para los que se lucran mediante el tráfico de personas. Las investigaciones de la UCRIF llevaron a los detenidos, a los que se les considera presuntos responsables del fallecimiento de los cinco marroquíes que llegaron a estar ocultos en el sótano de la vivienda de Loma Colmenar en donde irrumpió la Policía el pasado 28 de junio para llevarse a los tres integrantes de la cúpula, que se repartían roles en cuanto a la captación y traslado de los inmigrantes en vehículos; su ocultación abonando distintas tarifas según las zonas de las casas en donde permanecían y su posterior pase a la Península. La red tenía una vivienda de seguridad, una casa grande con dos plantas y un sótano que servía a modo de garaje para hacinar a los inmigrantes, quienes pagaban 80 euros por una semana y 2.000 por el viaje en patera. Ese dinero lo daban los familiares en Marruecos a través de terceros, que eran los que llevaban a cabo el cambio de divisas, el conocido como sistema hawala, por el que otros hacen los pagos en persona sirviendo de portadores. “Cuando van organizando las salidas hacia la Península, la red avisa a los inmigrantes y si sus familias pueden pagar el viaje los suben a las embarcaciones, en el supuesto de que no puedan hacer frente al pago semanal por su alojamiento o no sean capaces de obtener el monto total del dinero exigido para su acceso a la embarcación, son expulsados del piso”, recogen en sus informes los investigadores del CNP en sus informes a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
Los registros policiales se hicieron a la vez para evitar fugas de las distintas vivienda
La Policía mantiene que la desaparición de estos marroquíes, con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad, fue producto de un trayecto sin medidas de seguridad, que tuvo como salida la playa de San Amaro pasadas las dos y media de la madrugada. Algunos de los jóvenes no sabían siquiera nadar y se eligió a uno de ellos como particular patrón, a pesar de que carecía de conocimientos de navegación. Tenía la encomienda de abandonar la embarcación en el mar una vez llegaran a la Península. Nunca lo hicieron, tampoco a Marruecos ni a Gibraltar. No queda rastro de ellos ni de la propia neumática.
Las investigaciones de la UCRIF sitúan a dos de los detenidos en la llamada Operación Malaqa en la zona de la partida aquella noche de la tragedia, aquella noche de datos confusos que los familiares piden que sean aclarados. La red desarticulada tiene un esqueleto con 3 personas situadas en la cúpula, las mismas que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ordenó que ingresaran en prisión, dictándose posteriormente pagos de fianza para que eludan la pérdida privativa de libertad.
A cada uno la Policía le reparte un rol. Está quien organiza los viajes con el traslado de los inmigrantes hasta la playa, encargándose de supervisar la salida. También quien destina su vivienda adaptada a esos fines de ocultación de las personas, utilizando motos de agua y neumáticas, “con evidente desprecio hacia la vida”, como se verificó en la salida del 16 de junio de 2021 que terminó con la desaparición de estos cinco jóvenes.
Al menos cuatro de esos chicos estuvieron escondidos en la vivienda de Loma Colmenar que servía de base logística. Un taxista se encargaría de los traslados.
La Policía cifra la cúpula en esos tres arrestados, pero alude a más enlaces como participantes secundarios situando los beneficios alcanzados en más de 250.000 euros. Los detenidos variaban sus domicilios, por eso la Policía, el día en que llevó a cabo los registros, se aseguró hacerlo a la vez en los lugares que había señalado como posibles puntos en donde dormían los sospechosos, arrestando a los tres. En total se llevaron a cabo cuatro diligencias de entrada y registro donde se intervinieron dos embarcaciones neumáticas de cinco metros de eslora, dos motores de embarcación fuera borda, 3.000 euros en efectivo, tres terminales telefónicos, tres petacas de combustible y documentación vinculada a la investigación.
Sin vida laboral, cobrando ayudas o intentando robar hachís
La investigaciones de la Policía arrojan datos llamativos como que, a pesar del lucro obtenido mediante el tráfico de personas, en el perfil de los detenidos se refleja una nula vida laboral que les hace incluso ser receptores de ayudas sociales o estar apuntados en el SEPE como demandantes de empleo o, también, un supuesto trabajo para tener una cotización en la Seguridad Social pero al que ni siquiera se acude. Son personas que además tienen antecedentes, siendo uno de ellos el que
intentó robar un fardo de hachís de un vehículo que había chocado contra la Guardia Civil, aprovechando que el temporal arrastraba kilos y kilos de droga a las playas de Ceuta. Una grabación hecha con teléfono móvil lo sorprendió in fraganti.