El control documental que realiza la Policía Nacional en el puerto de Ceuta se convierte en el cierre casi perfecto de una cadena que comienza en la frontera y con la que se pretende un único fin: evitar el cruce irregular de personas o la fuga de buscados por la Justicia.
La máquina hace su trabajo, pero en todo oficio y más en este la pericia del policía cobra importancia. Por el puerto de Ceuta intentan pasar en dirección a Algeciras los conocidos como impostores, aquellos que portan documentos que no son los suyos para teñir de legalidad su trayecto.
“Aquí, básicamente, cuando llega el viajero te muestra su documento de identidad. Lo primero que hacemos es comprobar que esa persona que presenta el documento visualmente es la misma que aparece en la fotografía, que no sea lo que se conoce como un impostor”, detalla uno de los agentes destinados a estas funciones.
Impostores hay muchos. Auténticos especialistas que se adaptan perfectamente a la imagen que ilustra el documento. Pudiera darse el caso de lograr inicialmente el engaño pretendido ante un simple reconocimiento visual pero el sistema de verificación documental lo frena.
“Con programas informáticos y un verificador tenemos acceso a las bases de datos para verificar si hay algún señalamiento sobre esa persona tanto a nivel europeo como de cualquier agencia internacional. Esa base de datos nos ayuda al aportar la fotografía que presentó la persona al hacerse el DNI, con las huellas dactilares podemos hacer una comprobación, un cotejo. Si no es coincidente se está ante un presunto delito de falsedad documental”, añade la Policía.
Las falsificaciones más especializadas de documentos han sustituido a otras burdas en las que el portador es un simple impostor con un rostro similar. La huella, esa marca infalible imposible de trucar, no escapa a los sistemas de los que dispone la Policía. El puerto sería la última vía de escape si se ha sido capaz de sortear antes el Tarajal.
Antiguamente los delitos de falsedad documental eran constantes. Las estadísticas batían récord en comparación con cualquier otra comisaría de España y en los juzgados se trataba de uno de los delitos más comunes. Pero los tiempos cambian y ahora parece no ser tan rentable o necesario buscar esta forma de pase para llegar a la Península.
Los peticionarios de asilo tardan escasamente un mes en conseguir la admisión a trámite que les permite trasladarse por cauces legales al otro lado del Estrecho. Eso, unido a las restricciones aplicadas en el Tarajal que impiden la entrada en Ceuta mostrando solo el pasaporte, ha tenido mucho que ver para dibujar el actual panorama policial.
La Policía Nacional no da datos, tampoco lo hace el Ministerio del Interior ni la Delegación del Gobierno, pero hay otras fuentes a las que recurrir para justificar con estadísticas cómo la nueva frontera así como la agilidad en la oficina de asilo han mermado la detección de documentos falsos en puerto y frontera hasta obtener cifras simbólicas.
En 2018 se registraron 618 falsedades documentales. Una cifra récord a la que le siguió la de 2019, con 578 según datos del INE. En 2021 las falsedades fueron 76. Y ya en 2022 solo una decena. La caída en picado es brutal, reflejo del nulo interés en un pase irregular que puede derivar en la comisión de un delito cuando burocráticamente existen otras alternativas para cruzar el Estrecho sin problemas.
Durante los años prepandemia las cifras se mantenían similares: 300 falsedades documentales en 2013, 447 en 2014, 362 en 2015... hasta ese repunte de 2018. La primera cifra más baja se registra en 2020 con 163 hasta la irrisoria del pasado año.
Son datos públicos que sin embargo chocan con la negativa de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior a trasladarlos cuando han sido requeridos por El Faro de Ceuta para la realización de este reportaje.
La Policía Nacional tampoco los facilitó siguiendo indicaciones de la superioridad a riesgo de mermar este trabajo para el que se había pedido permiso por la vía oficial.
Hay otras vías para corroborar esa bajada conociendo hasta qué punto ha aumentado el volumen de peticiones de asilo sobre todo entre la población magrebí que era la que copaba el número de detenidos al verse obligados a esa vía para cruzar el Estrecho, alimentando por otro lado a las redes dedicadas a esas falsificaciones documentales.
De acuerdo con los datos manejados por la oenegé CEAR, en 2012 se cursaron en Ceuta solo 184 solicitudes de protección internacional. Nada que ver con las 1.080 presentadas en 2022.
En 2021 fueron 3.152, coincidiendo también con la entrada masiva de marroquíes. En 2020, 285; en 2019, 577; en 2018, 348; en 2017, 313; en 2016, 220; en 2015, 426; en 2014, 392; en 2013, 321 y en 2012, 184.
Lo que las administraciones y la Policía no quieren reconocer oficialmente se deduce con una simple comparativa. En 2022 se alcanza una de las cifras más elevadas de peticiones de protección internacional (1.080) y por contra una de las más bajas de detección de falsedades documentales (rondan la decena).
Pero los controles en el puerto y frontera no están orientados únicamente a detectar esas falsedades sino también a evitar las fugas de criminales escapados de otros países en donde están perseguidos por la comisión de delitos. Portan documentos legales y buscan burlar este filtro. Que lo busquen no significa que lo consigan.
Precisamente gracias a este control a finales de junio se detuvo a un marroquí fugado de Bélgica en donde se le buscaba por delito sexual y homicidio. La Audiencia Nacional ya ha ordenado su extradición.
“El compañero cuando introdujo el documento en la base de datos lo cotejó a nivel internacional. Con los verificadores nos permite una consulta muy rápida de si alguna persona tiene algún tipo de requisitoria”, detalla la Policía.
La máquina se complementa con la experiencia de quienes tienen su trabajo en una zona portuaria erigida, sin serlo, en otra especie de frontera.
Aquí, la pericia del policía cobra importancia. Por el puerto de Ceuta intentan pasar en dirección a Algeciras los conocidos como impostores, aquellos que portan documentos que no son los suyos para teñir de legalidad su trayecto.
Las cifras de falsedad documental se mantuvieron en similar número al año hasta la llegada de la pandemia, cuando disminuyeron
Antiguamente los delitos de falsedad documental eran constantes. La estadísticas batían récord en comparación con cualquier otra comisaría de España y en los juazgados se trataba de uno de los delitos más comunes
Las falsificaciones más especializadas de documentos han sustituido a otras burdas en las que el portador es un simple impostor con un rostro similar
Aunque no hay datos oficiales (no los da ni la Policía Nacional, tampoco el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno)hay otras fuentes para justificar la estadística: la nueva frontera y la agilidad de la oficina de asilo han reducido a lo simbólico la detección de documentación falsa en frontera y en puerto.
En 2018 se registraron 618 falsedades documentales. Una cifra récord a la que le siguió la de 2019, con 578 según datos del INE. En 2021 las falsedades fueron 76. Y ya en 2022 solo una decena.
El volumen de peticiones de asilo sobre todo entre la población magrebí que era la que copaba el número de detenidos al verse obligados a esa vía para cruzar el Estrecho, alimentando por otro lado a las redes dedicadas a esas falsificaciones documentales.
De acuerdo con los datos manejados por CEAR, en 2012 se cursaron en Ceuta solo 184 solicitudes de protección internacional. Nada que ver con las 1.080 presentadas en 2022.
En 2021 fueron 3.152, coincidiendo también con la entrada masiva de marroquíes. En 2020, 285; en 2019, 577; en 2018, 348; en 2017, 313; en 2016, 220; en 2015, 426; en 2014, 392; en 2013, 321 y en 2012, 184.
En 2022 se alcanza una de las cifras más elevadas de peticiones de protección internacional (1.080) y, por contra, una de las más bajas de detección de falsedades documentales (rondan la decena).
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