Ceuta genera cada año más de 45.000 toneladas de residuos sólidos urbanos cuyo traslado a la península se prevé que cueste a las arcas de la Ciudad cerca de 30 millones de euros hasta 2028. La administración local tiene en ese ámbito un reto mayúsculo en lo que a avanzar hacia las políticas que exige la Unión Europea primando la prevención, valorización y reutilización se refiere.
En primer lugar el Ejecutivo local tiene que acelerar los trabajos de elaboración y aprobación del nuevo Plan Integrado una vez caducado en 2022 el anterior.
El Gobierno de Vivas comenzó esta legislatura incluyendo entre sus 135 medidas prioritarias la relativa a “aprobar el proyecto para el traslado y sustitución de la actual planta para el tratamiento de residuos por otra en la que la mayor parte de dichos residuos sea objeto de reciclaje y reutilización”.
Según la propia Ciudad, ello “supondría, por una parte, reducir de manera drástica el transporte a la península y, por otra, aumentar el empleo local asociado al funcionamiento de la misma”.
Una vez desechada la posibilidad de impulsar una iniciativa pública, la Consejería de Medio Ambiente ya maneja una solicitud de declaración de utilidad pública para poner en funcionamiento una planta integral de gestión en Piniers. Sus promotores apuestan por ella para dinamizar la economía circular teniendo en cuenta que la UE espera que el año que viene se recicle un 70% de los metales ferrosos y residuos de vidrio, un 65% de los envases, un 75% del papel y el cartón, un 50% de los residuos plásticos y de aluminio y un 25% de la madera.
Se trata de un desafío de sostenibilidad, pero también de un sector económico que Ceuta debe saber enfocar sin pérdida de tiempo por razones ecológicas y también económicas.