La Asociación de Afectados por el Cese de Operaciones de Spanair (ACOS), se reunirá con la ministra de Fomento, Ana Pastor, según un comunicado de la asociación, que considera que este “gesto puede ser el inicio de una solución para los afectados” por la quiebra de la aerolínea. El portavoz de la asociación, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha mantenido una conversación telefónica, en la que Pastor les ha “emplazado a una futura reunión”, una vez se hayan agrupado y organizado los perjudicados. Varios gabinetes de abogados se han repartido la representación de los perjudicados. En el caso de los ceutíes y andaluces se trata del despacho ‘Álvarez Ossorio & Castro’ que atenderá las quejas remitidas por residentes de ambos puntos que se hayan visto afectados por la suspensión de operaciones de la compañía.
El despacho de abogados ‘Conde-Pumpido & de Porres’ coordinará la labor de los despachos ‘LC Advocats’ en Cataluña, ‘Castro Pérez Abogados’ en Galicia y el ‘Álvarez-Ossorio&Castro’ de Andalucía y Ceuta, además de las de otros despachos que se sumen a la iniciativa, con el propósito de “obtener soluciones para todos los perjudicados”.
ACOS, que se constituyó como asociación de afectados el pasado lunes, ha puesto en marcha una página web: www.perjudicadosspanair.com en la que pueden registrarse como afectados de forma gratuita. Desde esta web se recibirán las quejas que serán atendidas por los diferentes despachos. Cualquier ceutí que se haya visto afectado por el conflicto ocasionado por Spanair puede trasladar su queja a través de esa web.
Miles de clientes de la aerolínea han tenido que comprar otro billete para poder viajar a sus destinos, sin conocer todavía si la compañía va a atender las reclamaciones presentadas para conseguir la devolución del importe de su billete. Solo el pasado lunes, 15.000 viajeros se quedaron en tierra, pero el próximo viernes esa cifra habrá ascendido a 83.006 viajeros.
El Ministerio ha iniciado un procedimiento sancionador a la compañía, que podría suponer una sanción de hasta nueve millones de euros a la aerolínea. Se le imputan dos infracciones “muy graves”: infringir la obligación de asegurar la continuidad en la prestación del servicio y no cumplir con la obligación de ejercer las actividades con respeto a los derechos de los pasajeros.
