El titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha citado a
declarar el próximo 11 de febrero en calidad de i
nvestigados por un presunto delito de prevaricación administrativa a
Juan Vivas, Cristina Pérez y Dunia Mohamed, que hasta marzo de 2020 formaban la Mesa Rectora del
Pleno, y a María Dolores Pastilla, la secretaria general de la Asamblea, por la forma en que gestionaron el paso a la condición de
diputados no adscritos de María del Carmen Vázquez y José María Rodríguez, a los que supuestamente se ha privado de varios de sus derechos fundamentales como electos.
Los dos parlamentarios elegidos por
Vox denunciaron una vulneración de su derecho a la participación política como electos contra lo previsto en la legislación y el Reglamento de la Cámara autonómica cuyas consecuencias penales, en caso de acreditarse, podrían extenderse también a Francisco José ‘Pachi’ Ruiz, que accedió a la Mesa en el marco del acuerdo parlamentario que los ultraderechistas mantuvieron con el PP durante un año.
Vázquez y Ruiz causaron baja en el Grupo Parlamentario de Vox “por discrepancias y por las formas de llevar la acción política” en la institución el 27 de enero de 2020, justo después de conocerse los mensajes que supuestamente se cruzaban los integrantes de la Gestora comanda por Juan Sergio Redondo contra la “mierda de Ceuta de las Cuatro Culturas”.
El 17 de febrero ambos solicitaron por escrito su incorporación a las Comisiones de la Asamblea y a los Consejos de Administración de las empresas municipales “como fiel reflejo del derecho de participación de los diputados”, pero casi cuatro meses después, cuando judicializaron el asunto, todavía no habían recibido comunicación ni se les dejaba participar. Al contrario, se les negaba ese derecho y en los Consejos se votaba de forma ponderada “haciendo uso de sus votos por parte de la Mesa en favor de Vox”.
El 21 de mayo, cuando ‘Pachi’ Ruiz ya era vicepresidente de la Mesa, presentaron nuevos escritos “pidiendo que se cumpla el Reglamento de la Ciudad”, igualmente sin respuesta, a pesar de que la norma estipula desde hace años que “cuando se produjese la separación de su Grupo de un diputado, habrá que revisar, en el plazo de quince días, la composición y la asignación de los o las miembros a las Comisiones y a los órganos rectores de los entes y empresas de la Ciudad”.
Ambos denunciaron “un perjuicio grave tanto a ellos como a las personas que representan a través de su mandato, que son en definitiva las ciudadanos”, sin saber “a qué tipo de intereses políticos responde la falta de cumplimiento de la Ley” cuando la mayoría del PP dependía precisamente de Vox.
Además, alegaron que según la jurisprudencia (de 2014) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un diputado no adscrito “no puede considerarse de peor condición que el resto”. A mayor abundamiento, el Constitucional ha concluido en el mismo sentido.
La vicepresidenta socialista de la Mesa, Cristina Pérez, sí presentó un escrito alertando de que desde su punto de vista el trato que se dio durante meses en la Asamblea a los dos no adscritos no era el procedente.