La líder de UPyD, Rosa Díez, ha planteado una iniciativa parlamentaria en el Congreso para saber “cómo piensa el Gobierno español instar al Reino de Marruecos a que aumente su colaboración en la prevención de la inmigración ilegal y la lucha contra las mafias que trafican con personas” y
“qué aspectos concretos se trataron ayer en la reunión mantenida en Rabat entre el secretario de Estado de Seguridad español y el ministro delegado de Interior de Marruecos”.
Díez desea conocer, además, si las autoridades españolas han recibido respuesta de la Comisión Europea “en relación a la solicitud de mayores recursos humanos y materiales para luchar contra la inmigración ilegal”.
En la parte expositiva de su pregunta por escrito, la política vasca recuerda que según algunos expertos en Seguridad Pública “la causa de la actual situación relacionada con la inmigración ilegal en las ciudades de Ceuta y Melilla es el cambio de la política marroquí sobre inmigración”.
“Según un informe de ‘Human Rights Wacht’, el Reino de Marruecos basaba su política migratoria en expulsiones de los inmigrantes indocumentados interceptados. Sin embargo”, detalla, “la nueva política migratoria marroquí incluye la regulación de su situación mediante el pago de 500 euros y la entrega del pasaporte que les permite residir durante tres meses en el Reino de Marruecos, un mecanismo que supondría que en lo que va de año se habrían ‘regularizado’ unas 12.000 personas”.
De acuerdo con esta teoría Sería entonces cuando las mafias “contactan” con los inmigrantes que se acogen a esa nueva política migratoria marroquí “para facilitarles un modo de acceso a territorio español” a través de Ceuta o Melilla.
“¿Por qué aún no se deja a los solicitantes de asilo llegar a la Península?”
El diputado Chesús Yuste, adscrito al Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural en el Congreso, ha formulado una pregunta por escrito al Gobierno de la Nación para saber “por qué motivo ha rechazado la Recomendación de la Defensora del Pueblo, tal y como figura en el informe de esta institución del año 2013, formulada a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior, para que se permita el acceso a la península a los solicitantes de protección internacional con solicitud”. Literalmente, el Defensor reclamaba a las autoridades competentes que impartiesen “las instrucciones oportunas” con el fin de “permitir el acceso a la península a los solicitantes de protección internacional con solicitud admitida a trámite que residen en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla”.
