Frontera e Inmigración

La dictadura del visado: exigen a Interior que la frontera funcione como antes

La Asociación de Usuarios del paso del Tarajal envía un requerimiento al ministro Grande-Marlaska y no descarta acudir a los tribunales si no se anula la exigencia del visado a procedentes de Tetuán y Nador

La Asociación de Usuarios de la Frontera Tarajal–Bab Sebta ha remitido un escrito al Ministerio del Interior para reclamar cambios en la frontera que separa Ceuta de Marruecos. Modificaciones como que se deje de solicitar el visado a los vecinos de Tetuán y Nador.

La entidad cursa este requerimiento contra la imposición unilateral del visado a los residentes de ambas ciudades marroquíes, argumentando que va “en contra del Tratado de 1956 y del régimen de excepción previsto en Schengen”.

La Asociación de Usuarios de la Frontera Tarajal–Bab Sebta expone que en el año 2019, el tránsito entre Ceuta y la provincia de Tetuán superaba los 50.000 cruces diarios sumando residentes españoles y marroquíes, a pesar del fenómeno de los porteadores y de la elevada afluencia procedente de Tetuán y Nador.

“Aun con ese volumen, el paso era ágil: con un cruce peatonal en menos de 10 minutos y en vehículo en aproximadamente una hora”, destaca en el escrito dirigido al ministro Fernando Grande-Marlaska.

“Los ciudadanos de Ceuta podían introducir sus compras sin confiscaciones arbitrarias de la Aduana marroquí”, añade.

“Durante más de seis décadas, la movilidad entre Ceuta y las provincias limítrofes fue estable, fluida y no sometida a visado”, argumenta la entidad, que recientemente ha llevado al Defensor del Pueblo la agonía de las colas de la frontera.

El cambio tras la reapertura de la frontera

Con la reapertura parcial de la frontera tras la pandemia del COVID-19, la afluencia diaria se ha reducido de más de 50.000 a menos de 3.000 cruces.

“A pesar de ello, persisten largas colas, restricciones desproporcionadas, tiempos de espera injustificados, trato desigual e inseguridad jurídica”, critica la entidad.

“Lo esencial no es la afluencia, sino que el marco jurídico histórico ha sido quebrantado unilateralmente por España”, añade.

Para la asociación se ha producido una clara violación del Tratado de 1956 entre España y Marruecos, “en vigor y no denunciado por ninguna de las partes, que estableció un régimen de libre acceso para los residentes de Tetuán y Nador a Ceuta y Melilla sin exigencia de visado”.

“La decisión de España de imponer visado a los ciudadanos de Tetuán y Nador contraviene directamente dicho tratado”, advierte.

La excepción Schengen

A ello suman el incumplimiento del régimen de excepción previsto en el Acervo Schengen.

“España incorporó al Derecho europeo un régimen fronterizo excepcional para Ceuta y Melilla, reconocido en la normativa Schengen, por el que a los residentes de Tetuán y Nador no se les exigía visado”, detalla.

“España se obligó a mantener ese régimen especial en virtud de los acuerdos de adhesión a Schengen. La exigencia de visado vulnera ese régimen y coloca a España en situación de incumplimiento europeo”.

La asociación, que no descarta acudir a los tribunales, pide restablecer de manera inmediata el régimen histórico de acceso sin visado para los residentes de Tetuán y Nador. Quiere que se termine con la dictadura del visado.

Lo que reclama a Interior y la advertencia

La entidad a insta a Interior a explicar los motivos por los que España impuso un visado contrario al marco jurídico vigente.

Solicita coordinar con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con las instituciones europeas la recuperación del régimen legal adecuado.

Garantizar una gestión del paso fronterizo Tarajal–Bab Sebta ágil, proporcional y respetuosa es otra de las reclamaciones.

Para la asociación que preside Hamadi Amar, la imposición del visado ha generado “perjuicios sociales, familiares y económicos a miles de afectados, además de constituir una actuación contraria al principio de buena fe internacional”.

La asociación quiere saber qué norma, disposición o acto administrativo ha modificado dicho régimen y bajo qué fundamento jurídico, así como que se proceda a la reparación y regularización de los perjuicios causados a los usuarios afectados.

La asociación no descarta iniciar las acciones contencioso administrativas necesarias para la defensa de los derechos de los afectados.

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