Con 67 kilos de hachís escondidos en un doble fondo practicado en su vehículo y perfectamente preparado. Así quiso embarcar la última persona detenida por la Guardia Civil en Ceuta, por un delito contra la salud pública en su modalidad de notoria importancia.
Aprovechó la primera de las travesías entre Ceuta y Algeciras para pretender el embarque, pero los componentes de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil, en una actuación conjunta con el Servicio Cinológico, abortaron ese intento.
Tras constatar que portaba hachís, le detuvieron y procedieron a desmantelar todo el vehículo hasta sacar la narcótica sustancia, perfectamente preparada en paquetes que tenían la marca O-GROVE FR2 F.B.
Un pase que topó con la Guardia Civil
El detenido, que será presentado en el juzgado y se enfrenta a 4 años de prisión, conducía un coche que había sido previamente manipulado y preparado como una particular patera a 4 ruedas para cargar droga.
Durante la inspección del turismo, los agentes detectaron indicios de manipulación en el habitáculo, confirmándose la presencia de sustancias ilícitas gracias a la intervención del perro detector del Servicio Cinológico.
Ese doble fondo que pretendía burlar el registro de la Benemérita no lo logró. Quiso embarcar en pleno temporal, esa aspiración terminó frustrada y su destino inmediato es una celda de Mendizábal a la espera de juicio.
67 kilos de droga
Tras el registro exhaustivo del automóvil, se localizaron un total de 67 kilogramos de resina de hachís, que estaban repartidos en bloques y escondidos en un doble fondo realizado en el vehículo de manera bastante profesional.
En el servicio han participado efectivos de la 1ª Compañía Fiscal y de Fronteras junto a guías y canes del Servicio Cinológico, “cuya labor de fiscalización es permanente en las instalaciones portuarias de la ciudad”, detalla el Instituto Armado en una nota de prensa oficial.
La persona detenida, junto con la droga intervenida y el vehículo utilizado, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente como presunta autora de un delito contra la salud pública.
