Le acusan de defraudar más de 800.000 euros evadiendo el pago del IPSI. A sus espaldas arrastra varios delitos económicos que son los que han sustentado la intervención realizada por la Guardia Civil en Melilla, cuyos agentes han arrestado a un empresario que habría actuado, además de en la ciudad hermana, también en Ceuta.

Con numerosos antecedentes policiales, se le relaciona con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico como robos, fraude, apropiación indebida o estafa.

La Guardia Civil lo ha detenido por defraudar más de 800.000 euros evadiendo el pago del impuesto local denominado IPSI, que se aplica en las dos ciudades hermanas.

La investigación se inició al recibir la fiscalía de Melilla una denuncia ya que el autor se había hecho con la titularidad y administración de un número muy elevado de empresas de transporte.

Identificación de miles de afectados

También se apropió ilícitamente de los pagos correspondientes al impuesto local de la Ciudad Autónoma de Melilla denominado IPSI de las empresas y de ciudadanos particulares, causando un enorme perjuicio económico en sus actividades comerciales.

Así, se estableció una doble investigación, por una parte, la identificación de los miles de ciudadanos que habían visto afectado su patrimonio empresarial, así como sus trabajadores que no cobraban sus sueldos; y, por otra parte, la localización del principal investigado que, se encontraba en la Isla de Gran Canaria donde llevaba una ostentosa vida.

Análisis de documentos y cuentas bancarias

A través de las gestiones realizadas, se descubrió que su ámbito de actuación no solo se circunscribía a Melilla, si no que sus ramificaciones se extendían en numerosas provincias españolas como Málaga, Ceuta, Almería, Cádiz, Murcia y Madrid.

El detenido cuenta con un extenso número de antecedentes policiales relativos a Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico como robos, malversación, estafa, fraude, apropiación indebida, etcétera.

La actuación la ha desarrollado la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Melilla y el Equipo Contra el Crimen Organizado de Canarias (ECO), dependiente de la Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de la Operación Monopolio–Latente, tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Melilla.