Esta vez no se les permitió dormir en la plaza de los Reyes. El de anoche fue el tercero de los desalojos que en menos de una semana llevó a cabo la Policía Nacional en estricta aplicación de la resolución dictada por el delegado del Gobierno. Sin cánticos, sin ofrecer resistencia alguna y casi esperando con ansia que los agentes los arrestaran, la treintena de subsaharianos que acababa de declarar ante el juez fue, de nuevo, trasladada a los calabozos que el Cuerpo tiene en la frontera del Tarajal. Allí permanecerán, de nuevo, dos días, hasta que se les ponga a disposición judicial por otro nuevo delito de desobediencia, con lo que continúan acumulando faltas y delitos y, por lo tanto, antecedentes.
La Policía Nacional, a través de la UIP, puso en marcha el dispositivo para, en parejas, ir trasladando a cada uno de los subsaharianos en furgones hasta las dependencias policiales. Lo hacían ante la mirada, de lejos, del jefe superior del Cuerpo, José Luis Torres, y el segundo jefe, Jaime Castellví, mientras en la casa del delegado del Gobierno sólo la luz que traspasaba una de las ventanas superiores indicaba que todavía quedaba algún miembro del gabinete trabajando.
En esta ocasión los inmigrantes no protestaron, ni gritaron, ni mostraron pancartas; facilitaron incluso más su detención ante la mirada de los periodistas y algunos vecinos que contemplaban unas escenas ya habituales desde que comenzaran las protestas, el pasado 26 de agosto.
En su última comparecencia ante los periodistas, el delegado Fernández Chacón insistió en que él está cumpliendo con la legalidad en la manera en que está abordando este asunto. Esa legalidad pasa por hacer cumplir su resolución siempre que los inmigrantes vuelvan a concentrarse en la plaza de los Reyes o en algún punto público. Se está ante un pulso claro de los subsaharianos a la administración.
