Junta de Seguridad
La Ciudad se ha lanzado a la piscina sin convocar una junta de seguridad. Algo que sí se hizo en tiempos de José Fernández Chacón como delegado del Gobierno, pero que en esta ocasión ha sido evitado por Vivas. ¿Y cuál ha sido el resultado? Que delitos considerados como atentados contra el orden público, que forman parte de la seguridad ciudadana, terminen siendo controlados por la Policía Local, sin que se haya abordado dicho asunto en una Junta de Seguridad Ciudadana. Tapar una herida enviando a la Local a convertirse en diana de las piedras, sin disponer siquiera de medios para intervenir, no ha sido más que la forma elegida para evitar lo que la Ciudad teme: una pequeña revolución a las puertas del Ayuntamiento, es decir, una huelga, la protesta ciudadana y las críticas hacia la figura de Juan Vivas. Se tapa una herida y se da cobertura a los conductores… pero al mismo tiempo se abre otra. Que ayer fueran desviadas patrullas de la Local de forma fija al Príncipe y a Juan Carlos I provoca que dichas unidades sean retiradas de otros puntos y que el organigrama en materia de seguridad se tambalee. ¿Y la Policía Nacional? Fuentes de la Delegación del Gobierno indican que un coche camuflado con agentes de paisano está vigilando la zona y ponen por delante la detención de un menor de 10 años, dada a conocer el pasado viernes. ¿Pero por qué no se ha tratado esta problemática, ya cíclica, en Junta de Seguridad como sí se ha hecho en otras ocasiones críticas como la actual?
Sí que han existido contactos de forma aislada entre los jefes de las distintas fuerzas de seguridad, pero no se ha abordado el asunto en el foro adecuado, señalando la competencia de cada unidad, quién debe actuar y quién debe estar de apoyo.
El malestar es evidente en la Policía Local. Sus agentes se sienten marionetas. “Ahora mismo nos mandan estar vigilando, sin medios para repeler el lanzamiento de piedras… Nosotros no nos negamos a colaborar, a estar ahí siempre que se nos necesita… pero se nos está tomando el pelo. Se nos planta aquí para ser diana de quienes pueden acribillarnos a piedras”, denuncia un agente.
Al dispositivo que ayer era visible ordenado en la noche del viernes por la Ciudad se añade el aumento de agentes locales que se va a hacer patente en la barriada del Príncipe a partir del lunes. Lo que no se cuenta es la incidencia de este refuerzo en otras áreas de la ciudad, es decir, en dónde se notará la falta de policías locales debido a esta decisión. Hay agentes que entienden esta medida como una forma de callar las críticas, sin que se haya tenido en cuenta que puede generarse otro problema. La decisión es la que es y la única fuerza sindical que ha criticado lo que está sucediendo es UGT, cuya representación en el Cuerpo Local ya ha advertido que los agentes no están para llegar a la decisión definitiva.
Desde la administración central no se ha informado de que se vaya a tratar esta problemática en un foro adecuado, sí en cambio que se abordarán los problemas que el tráfico de mercancías está provocando en materia de seguridad y sobre todo con los comerciantes. De momento se ha pretendido calmar las aguas con parcheos: garantizar el servicio público de transportes sin abordar el problema como se debe. “Ahora nos apedrearán a nosotros, ¿quién entonces se pondrá a darnos cobertura?”, cuestiona un agente local.
Caballas pide al Gobierno que asuma la empresa de autobuses
Caballas en un comunicado tras la reunión que tuvo lugar ayer en el despacho de la Presidencia de la Ciudad Autónoma señala que “el transporte urbano de viajeros es un servicio público esencial, competencia directa y exclusiva de la Ciudad, a la que nunca se ha dispensado la atención debida. Baste como dato, que tras más de once años de gobierno de Vivas, aún no se dispone de una Ordenanza que regule su funcionamiento. De hecho, en la actualidad el servicio está en manos de una empresa privada que actúa tomando las decisiones que más le convienen sin el menor respeto al interés general”.
Reflejan que la nueva oleada de actos vandálicos sufridos por los vehículos, al final, está siendo utilizada por la empresa para obtener más beneficio. “La Ciudad, como hace siempre, terminará cediendo y los ciudadanos perdiendo. O pagarán más por su billete, en plena crisis, o tendrán que subvencionar con sus impuestos a la empresa”.
Caballas en su comunicado a los medios informativos considera absolutamente intolerable esta situación. “Si la empresa de autobuses no está satisfecha con las condiciones de este “extraño contrato” (no existe documentalmente), lo que debería hacer es rescindirlo de mutuo acuerdo y que sea la propia Ciudad la que asuma la gestión directa del servicio para adecuarlo a los intereses de los usuarios y de los ciudadanos”.
El gobierno de la ineptitud
El lanzamiento de piedras a los autobuses no es nuevo. Desde el año 2000 la hemeroteca del ‘Faro’ va guardando historias en las que siempre se repiten las mismas características. Los gobiernos son incapaces de solucionar el problema y las escasas detenciones que se han producido caen en saco roto. La última, la del pasado viernes, deja en evidencia que el origen de esta delincuencia requiere algo más que adoptar decisiones a la desesperada. Que un menor de 10 años se dedique a lanzar piedras contra los autobuses o que más compañeros de esa edad se tapen los rostros para paralizar líneas de autobuses deja en evidencia la existencia de un grave problema social que no se soluciona con el desvío de distintas patrullas locales. Los daños producidos en el autobús por este niño, contra el que no cabe imputación penal alguna, deberán ser afrontados por sus padres. ¿Pero si esos progenitores carecen de cualquier tipo de solvencia? Ese es el drama que existe, la problemática social que se traduce en impactos delincuenciales capaces de poner en evidencia la gestión de todo un gobierno y de una delegación.
Hace unos meses Vivas y González Pérez citaban a los periodistas en el Príncipe para anunciar, precisamente, la adopción de soluciones reales reconociendo que hace falta algo más de lo que se está haciendo hasta ahora.
Fuentes judiciales señalan que urge una implicación social, que estamos ante un problema de desestructuración, que hoy son los autobuses pero mañana puede tocarle a las ambulancias, a los Bomberos o a las propias fuerzas de seguridad.
¿Cómo se solucionará esto, ideando protocolos de protección para todos? Está claro que tras años de disturbios no se ha dado con la solución, quizá porque las medidas hasta ahora adoptadas van encaminadas más a que ni Ciudad ni Delegación desgasten su imagen ante el electorado que a tratar el origen como se debe. 
