El atropello sufrido por una menor de edad en la Avenida de África, cuando cruzaba por un paso de peatones, ha sacado a la luz la forma en que está trabajando la Policía Local, que carece en estos momentos de los test para valorar si los conductores han consumido drogas. Están caducados y en el caso de marras los agentes comunicaron a la familia afectada que no se podía realizar esa prueba al no disponer de los mismos. Los problemas también se producen en el caso de las pruebas de alcoholemia, por fallos en el aparato usado para las mediciones, lo que trae consecuencias nefastas a la hora de que se produzcan pronunciamientos judiciales si los siniestros de tráfico llegan a juicio. En plena vorágine de campañas de la Dirección General de Tráfico en las que se insta al no consumo de alcohol y drogas y a perseguir con controles este tipo de prácticas al volante, choca que se produzcan vacíos de este tipo que no hacen sino acusar una grave dejación en cuando al manejo de recursos disponibles en la Policía Local.
El ciudadano se queda absorto y preocupado con este tipo de situaciones que no hacen sino generar un sentimiento de desconfianza ante la administración amén de dejarlos desasistidos, cuando es obligación de los propios responsables buscar alternativas a un vacío absoluto que puede tener consecuencias graves. La respuesta que se da desde la Ciudad Autónoma es que se va a licitar la compra de pruebas cuando lo correcto hubiera sido tener previsión para evitar estos problemas. También se comunica que las pruebas pueden hacerse en el Hospital y que de existir una negativa a ello se hace constar como un positivo. La cuestión es si esa aseveración tan generalista en la que incurren tiene su validez judicial. Medir las consecuencias de sus acciones es un deber y una obligación urgente.
