Una democracia, no como las otras

Siempre he creído que una democracia parlamentaria se sustenta en el respeto a la Ley y por la independencia de sus tres poderes, estructurados en órganos que impidan la absorción de cualquiera de ellos por cualquier otro poder. En ese sentido, nuestra democracia es imperfecta porque el poder Legislativo es completamente dependiente del Ejecutivo e incluso el Judicial depende del Ejecutivo al tener un Tribunal Constitucional que no es poder judicial pero se toma la libertad, sin ser su función, de modificar cuando no anular sentencias del máximo poder judicial, el Tribunal Supremo. Tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo se estructuran gracias a los miembros de los partidos políticos que no tienen relación alguna con la ciudadanía, ya que los diputados no son elegidos por los ciudadanos sino por los partidos políticos. Las democracias en Occidente se articulan con arreglo a la Constitución de dónde emanan el resto de leyes y poderes. La nuestra de 1978 , además de sus imperfecciones, no es la adecuada al momento actual en el que todos los poderes se conjuntan para el desastre, por lo que la democracia española no está diseñada para hacer frente a un presidente dispuesto a reventar desde dentro el orden constitucional minándolo mediante sus propios instrumentos y simplemente por arañar un pequeño número de votos, un presidente del gobierno que pacta con los partidos que quieren destruir España y una oposición débil que no es capaz de enfrentarse a ese poder autocrático y un Rey simbólico. Parece el reino de Coalemo, rey griego de la estupidez, al no existir el sentido común nada tiene sentido. En España no existe el Estado homogéneo y el que existe está hecho jirones. Hay determinados territorios en los que no se cumplen las leyes, significativamente las regiones vascas, catalana y balear. El ejemplo de la lengua es uno de ellos. Habiendo declarado los Tribunales Superiores, e incluso el Supremo, en diversas sentencias, la obligatoriedad de la enseñanza obligatoria del español al menos en un porcentaje del 25 % de horario escolar y de las materias de dicha enseñanza, que a mí se me antoja arbitrario y sin sentido, los directores de los centros de enseñanza en esas regiones no cumplen las sentencias judiciales sin tener ninguna siquiera amonestación. Y esto debe caer sobre los culpables que son los jueces encargados de su cumplimiento.

“Todo volvió a su ser, la tal Begoña a su cátedra sin aptitudes para ello, la oposición a mirarse sin comprender nada y consecuentemente a no hacer absolutamente nada y el presidente doliente resultó que no tenía ni unas amígdalas para operar”

No olvidemos que nuestra Constitución en su artículo 117. 3 señala: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”. Es decir, si la primera vez que el Director de un centro educativo desobedece la sentencia de un Juez o Tribunal y ese Juez o Tribunal envía a la policía judicial a apresar al citado Director desobediente y encerrarlo en una prisión y acusarlo de desacato ante las sentencias de los tribunales y juzgados, no tengo ninguna duda que el resto de directores de centros escolares, inmediatamente acatarán las sentencias. No existe en la actualidad el Estado moderno protector de los ciudadanos., al permitir el incumplimiento de las leyes y sentencias, según dónde y según quienes, es decir incumpliendo el principio de igualdad que caracteriza a cualquier civilización occidental. En otros casos la lentitud de la Justicia parece prevaricadora, es el caso del tal Jordi Pujol, pendiente de un juicio en el que le piden 9 años de cárcel por blanqueo de capitales y asociación ilícita, “consiguió un patrimonio, ajeno a sus ingresos legales, que hubo de ocultar a la Hacienda Pública Española y, en particular, a la sociedad catalana…gracias a repartirse los sobresalientes beneficios de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones bajo el control de Coalición Democrática de Cataluña”. El caso lleva en los tribunales desde 2012, y la acusación contra él y otros 15 cómplices está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional desde mayo de 2021. En cuanto a la inmigración, ya se adopta como algo natural que aceptemos la inmigración ilegal como algo legal y se acercan a nuestras costas miles y miles de ciudadanos ilegales que deberían ser todos expulsados, ya que, aun cuando la inmigración legal es necesaria y beneficiosa, la ilegal al no ser necesaria y delincuencial, es dañina y al no poder abastecer todas sus necesidades se reducen nuestros recursos y nos empobrece día a día. De esta inmigración ilegal la de los menores de edad, que deben ser devueltos inmediatamente al ser el seno familiar el lugar más seguro de su actual existencia, es la más dolorosa. Pero por señalar este problema, la izquierda enseguida señala a quien lo hace, como radical y xenófobo, cuando es simple sentido común. La ausencia del Estado, se acentúa en la falta de políticas de Estado, que como su nombre indica debería ser el resultado de una conjunción de pareceres, entre los del partido gobernante y el resto de partidos alojados en la Cortes Generales, ya se relacionen con las políticas educativas, hidrológicas, energéticas, de nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra industria, defensa, seguridad, o la política de relaciones exteriores. El cambio de política en relación con el Sahara Occidental administrado por España y originalmente conforme a las Resoluciones de Naciones Unida es paradigmático.

El presidente del Gobierno cambia esa política de un día para otro sin consultar a su Gobierno, a las Cortes Generales, y ni a los principales partidos de la oposición, por lo que ese cambio no tiene ningún valor y el próximo presidente del Gobierno actuando de esa forma puede cambiar de parecer. Es completamente absurdo. Lo mismo sucede con el reconocimiento de Palestina como Estado, de nuevo el tal Sánchez decide aprobar por parte del Estado Español, como si solo él fuera el Estado, el reconocimiento que no ha sido aprobado por el Estado español en su conjunto, sin siquiera la aquiescencia del Rey que es el Jefe del Estado, y esta vez como reclamo electoral ante las próximas elecciones europeas, conduciéndonos por otra parte al alejamiento de las naciones con las que compartimos la seguridad del Estado y sus políticas económicas, como la OTAN y la UE, con las consecuencias que puede ello conllevar. El colmo del absurdo lleva al Presidente del Gobierno a tratar un problema personal, el presunto tráfico de influencias de su esposa, la privada Begoña Gómez, como un asunto de Estado y romper relaciones diplomáticas con un país hermano, Argentina, por su mero capricho. El Gobierno nunca responde a las preguntas que en su posición de órganos de control, demandan los partidos de la oposición en el Congreso. Aunque estén obligados a ello, sus miembros, simplemente responden cualquier cosa que no tiene relación alguna con lo preguntado y la Presidente del Congreso lo permite. La pregunta simple del porqué de los 35 vuelos de un avión oficial a la República Dominicana y su falta de respuesta es un síntoma más de la falta de honradez y transparencia del Gobierno, que sin embargo presume de lo contrario. El ninguneo al Jefe del Estado, además de una falta de respeto a una institución simbólica y neutralizadora de los poderes del Estado, refleja un desprecio en su labor como Jefe del Estado. El no acompañamiento de ministros en los actos en que suele ser preceptivo, y el “uso” que de la monarquía hace el presidente del gobierno, donde no impone ni siquiera la asistencia de los presidentes de las Comunidades Autónomas, que son la primera autoridad del Estado en esos territorios cuando el Rey las visita, la puesta a la firma de indultos, cuando el Rey es el único que tiene la facultad de gracia, son algunos de los ejemplos que muestran también la erosión del Estado, en su cúpula. Las Comunidades Autónomas han absorbido competencias propias e ineludibles del Estado nacional. La educación ha de ser una competencia nacional, como la Sanidad, la Justicia, y la Seguridad. Creo que la descentralización o la desconcentración son positivas, pero han de ser homogéneas, como en una república federal, hay que huir de la Confederación asimétrica y de la desigualdad y por supuesto eliminar los sistemas fiscales vasco y navarro. En nuestro gobierno no existen los ceses ni las dimisiones. En un principio el gobierno sanchista elogió que una ministro alemana dimitiera porque se descubrió que había copiado parte de su tesis doctoral y el tal Sánchez señaló que en su momento y en circunstancias similares actuaría de la misma manera. Al poco tiempo se descubrieron algunos casos de corrupción y ciertamente hubo dimisiones, hasta que se descubrió que la tesis doctoral del tal Sánchez también había sido parcialmente copiada. Ahí se acabaron los ceses y hasta ahora, a pesar de la cantidad de escándalos que diariamente se descubren, los ceses y dimisiones son palabras prohibidas. Nuestra democracia no es como las otras. Y cada vez se va alejando más de las democracias acatadoras de la ley como principio supremo. El ataque sistemático al poder judicial es la última baza de este derrumbe democrático. El nombramiento como Fiscal General del Estado a una antes ministro de Justicia y posteriormente a su mano derecha, después de señalar el tal Sánchez que la esa Fiscalía depende exclusivamente de él, es otra de las grandes anomalías de nuestro estado de derecho y está provocando la insólita rebelión de parte de los Fiscales de mayor categoría. El poder judicial es un paradigma clásico del disparate. La base, fundamentada por los jueces de carrera que han tenido que pasar una dura oposición, suele ser medianamente eficaz. En su cúspide se encuentra el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial formado por magistrados con mucha experiencia y saber. Sin embargo el Tribunal Constitucional, formado por los titulados “Magistrados del TC”, no tiene en modo alguno ni el saber ni la experiencia que los magistrados del Supremo, al que le enmiendan las sentencias, cuando esa no es su función, pero lo siguen haciendo una y otra vez. Este tribunal, eminentemente politizado y que no forma del poder judicial según la CE entorpece más que aclara la función judicial y en cierta manera corrompe la suya. El Presidente de Gobierno no gobierna para todos los ciudadanos, solamente para los que le han votado. Para los demás dice que levanta un muro y les llama radicales y fachas, su mundo ahora es la “fachosfera”. Así radical o facha es todo aquél que pide justicia, que cree en el respeto a las leyes, en la independencia de poderes, en la unidad de la Nación, en su Patria, en la libertad de expresión y de opinión, y en la propiedad privada. Sin embargo “progresista”, es todo aquél que cree ciegamente las mentiras del líder porque él nunca miente, simplemente cambia de parecer. Así pacta con separatistas, con comunistas, indulta a golpistas, cercena del Código penal la sedición y la malversación la practica por doquier, aunque antes hubiera dicho que no pactaría , ni indultaría ni mentiría hasta no sé cuántas veces, simplemente porque él es el amo. Pero todo este desorden tiene que tener alguna finalidad, aunque se pueda pensar que se hace por ignorancia o falta de preparación otros muchos sugieren que lo hacen para enriquecerse. Solo hay que ver cómo viven los personajes que han pasado por la política , cuando no de una forma u otra siguen aferrados a ella. En España se ha perdido el sentido común con la encrucijada en el gobierno del ala comunista radical ,expendedora de los mayores esperpentos transformados en leyes como la del Sí es Sí , la ley Trans y otras barbaridades, junto a los partidos independentistas que obligan al Gobierno a tratar sus apetencias fuera de España y con mediadores internacionales. Es disparatado todo, nada tiene sentido, fundamentalmente porque los dirigentes nos han llevado a este atolladero y la Constitución y la ley Electoral lo han permitido .Es necesario recuperar el sentido común, que nuestro caso, además de estar siendo atacado por las ideologías, por la utopía, por el espíritu utópico y las políticas absurdas denominadas “woke”. Esta ausencia, ese vacío ideológico de proyecto político que representa la izquierda identificado con la socialdemocracia, con la Transición y con la Constitución, también lo veo en la derecha que debe rearmarse ideológica y culturalmente. En un tiempo anterior, un slogan que quería ser original señalaba que “España es diferente”. Fue un ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne entonces ministro de Información y Turismo quien para resaltar las bellezas de España de cara al turismo inventó esta cuña publicitaria. No podía imaginar entonces cuanto de verdad encerraba esa publicidad al llegar a convertir nuestra forma de gobierno en una democracia no como las otras.