Que el debate político en nuestro país durante los últimos siete días haya estado centrado en deshojar la margarita de si el Presidente del Gobierno va a comparecer o no ante la opinión pública y en qué formato lo haría, para dar explicaciones sobre todo lo que ha puesto al descubierto el ex-tesorero de su partido, Luis Bárcenas, sólo indica la baja calidad de que goza nuestra democracia.
Si al final Rajoy opta por lo que parece que es lo mínimo exigible: una comparecencia en el Congreso, dará la impresión que lo ha hecho arrastrado por la oposición y mas concretamente por la amenaza anunciada la pasada semana por Rubalcaba que en caso de no hacerlo el PSOE presentaría automáticamente una moción de censura con el único objetivo de conseguir que Rajoy hable en la Cámara. Si por el contrario, el Presidente del Gobierno opta por “despachar” el asunto con una rueda de prensa, estará mostrando de esa forma su desprecio mas absoluto al Parlamento. La tercera opción, la de no hacer nada, que es la que mejor casa con el perfil de Rajoy, no parece que con la que está cayendo sea la mas recomendable para el actual inquilino de la Moncloa.
Todos los partidos políticos sin excepción suelen afirmar cuando ganan unas elecciones que harán del Parlamento el centro del debate político, subrayando, para dar fuerza a ese argumento, lo obvio: ahí reside la soberanía nacional. Salvo muy raras excepciones -habrá que reconocer que Zapatero no solía rehuir los debates y las comparecencias ante la Cámara- lo que sucede en la práctica es que quien está en el Gobierno, y mucho mas si goza de una mayoría absoluta como sucede actualmente con el PP, suelen actuar en la dirección contraria, protegiendo hasta límites realmente rechazables la exposición parlamentaria del líder.
Las graves acusaciones que se contienen en los conocidos como papeles de Bárcenas, unidas a las revelaciones que el propio interesado ha hecho en los últimos días -presunta financiación ilegal del PP durante veinte años; presuntos pagos de sobresueldos a diferentes dirigentes del partido, incluido Rajoy; cruce de sms entre el Presidente del Gobierno y el ahora preso en Soto del Real- exigen que quien le ascendió de gerente a tesorero en el Congreso del PP de Valencia en junio de 2008, de todas las explicaciones necesarias y, si es el caso, admita públicamente que hubo prácticas irregulares, pida por ello perdón a la ciudadanía y asuma las responsabilidades políticas pertinentes. Esto es lo que se haría en una democracia seria y madura. ¿La nuestra la es? A la vista de los hechos y de los comportamientos de unos y de otros -porque esta procesión también recorre los barrios del PSOE y de CIU-, parece claro que no.
