Los procesos judiciales sobre las promociones de ‘Llano de las Damas’ y ‘Edificio Presidente’ que han cobrado protagonismo esta semana sacan a la luz uno de los delitos más complicados de demostrar. La reciente condena a los responsables de la estafa en la promoción de ‘Edificio Presidente’ y el anuncio de la Audiencia Provincial de juzgar, el próximo año, a los responsables de la cometida sobre los terrenos de ‘Llano de las Damas’ han servido para sacar a la luz uno de los delitos más complicados de demostrar por un Ministerio Fiscal que se enfrenta a la labor de devolver los derechos a quienes los perdieron cuando se enfrentaron a uno de los proyectos vitales clave: la adquisición de una vivienda.
Tras estos episodios se esconden las historias particulares de aquellos ceutíes que optaron a la compra de un piso entregando sus ahorros a quienes después no cumplirían con su parte del contrato. Así si en el largo proceso que ha llevado a un atisbo de resolución en el caso de ‘Llano de las Damas’ hubo incluso afectados que fallecieron, en el de ‘Edificio Presidente’ hubo parejas que terminaron embargados para poder hacer frente a los pagos derivados de alquileres con los que nunca contaron, pues se encontraban a la espera de ocupar, como se les había prometido, su vivienda.
Estos delitos económicos son muy difícil de probar pues muchas veces solamente son incumplimientos de contratos de compraventa de vivienda que son incumplidos.
La sección VI de la Audiencia Provincial ha condenado, en este caso del ‘Edificio Presidente’, con multas a los cuatro acusados de cometer un delito de solvencia punible al perjudicar a sus acreedores tras la quiebra de la empresa (Construcciones Fiengo S.l.) de la que algunos de ellos eran administradores. Dos de ellos fueron condenados a seis meses de prisión y al abono de 180 euros de multa. Previamente, estas personas habían abonado 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Por su parte, el principal acusado fue condenado a dos años de prisión (un año y medio por un delito y seis meses por otro) más el abono de una multa total de 900 euros. La única mujer acusada, que estaba en el juicio como cooperadora necesaria del anterior, fue condenada a seis meses de prisión y al abono de 540 euros como multa. Ambos deberán abonar antes del día 15 de octubre una responsabilidad civil de 275.000 euros de forma solidaria.
Mientras los afectados de ‘Llano de las Damas’, que ya han cobrado sus indemnizaciones, esperan la decisión judicial sobre quienes todavía tienen que responder por sus delitos ante la sala. Los primeros y los segundos son, en definitiva, los ‘afortunados’ en historias de este tipo, ya que sus casos, finalmente, han llegado a los tribunales. Otros se han quedado en el camino, debido a la dificultad de demostrar la implicación criminal de quienes provocaron estos fiascos.
“Estos delitos económicos son muy difíciles de probar”, apuntan fuentes judiciales. Y es que en demasiadas ocasiones se trata de incumplimientos de contratos de compraventa de viviendas sin que se pueda demostrar la existencia de una estafa como tal. Demostrarlo supondría la existencia de un engaño previo del vendedor. “Eso muchas veces es difícil de probar, máxime si hay actuaciones como la existencia del terreno, la de los planos de los pisos...”, añaden las mismas fuentes. Claves que puestas encima de la mesa y defendidas por unos buenos letrados terminan sirviendo para que los auténticos delincuentes nunca se lleguen a sentar en el banquillo como responsables de un delito económico en toda regla. Una vez obtenido el dinero, se alegan cuantiosas cuestiones como la imposibilidad de edificar sobre el terreno o la aparición de imprevistos que se convierten en la excusa para retrasar, sine die, la construcción comprometida.
“Es difícil diferenciar entre un incumplimiento del contrato que llevaría aparejado la devolución del dinero y un engaño previo para quedárselo”, indican.
Más de diez años han tardado los afectados de ‘Llano de las Damas’ en conseguir que su caso llegue hasta la instancia judicial. Casi tantos como los de ‘Edificio Presidente’, que constituyó uno de los escándalos inmobiliarios de primer orden en plena época convulsa de gestión gilista.
Otros, como los afectados por la falta de pagos del empresario Antonio Benítez Domínguez, todavía esperan. El proceso judicial abierto después de que decenas de pequeños proveedores buscaran apoyo en la Cámara de Comercio para arremeter contra este empresario peninsular está bloqueado.
La defensa de buena parte de los afectados solicitó al juzgado una ristra de pruebas, las cuales en su mayoría fueron admitidas. Hasta el momento, curiosamente, no se han practicado. “Estamos a la espera de la reactivación del asunto y que por fin podamos avanzar un poco en el esclarecimiento de esta insolvencia punible”, apunta la defensa. La legislación deja tantas lagunas en el camino que, a menudo, el paso del tiempo termina siendo buena compañera de batallas para los responsables.