La Administración General del Estado va a hacer “todo lo posible” para salvar los Planes de Empleo 2024-2025 de la Delegación del Gobierno en Ceuta con el objetivo de que no se pierda ni un euro de los aproximadamente 7 millones de euros que la Ciudad se considera incapaz de gestionar con la nueva obligación de hacerse cargo de al menos un 40% de los costes salariales de los contratados.
Entre las opciones para lograrlo está, según las fuentes consultadas, encomendar su gestión a Tragsa.
El Ejecutivo de Vivas sí se ve dispuesto a poner alrededor de 2 millones para contratar alrededor de 300 peones para tareas medioambientales con los 4 millones que prevé recibir de la convocatoria para Corporaciones Locales, pero considera imposible liberar 6 para complementar, como el año pasado, los 11,9 que aportó el Estado, que dieron para pagar al completo los salarios de los 577 contratados.
Fuentes del SEPE han negado este lunes que la limitación de los gastos para remuneraciones subvencionables sea una “novedad”, pues data de 2021, aunque el Real Decreto contemplaba un régimen de exención hasta el 31 de diciembre de 2023.
“Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es homogeneizar los costes salariales subvencionables para que sean los mismos en toda España por los mismos conceptos, así como entre la normativa dispersa y desigual que antes ordenaba los programas de Corporaciones Locales y los del Estado”, han precisado.
“El pasado mes de septiembre de 2023 lo que se hizo fue elevar y actualizar los módulos subvencionables estableciendo las bases reguladoras”, han advertido. En ellas se fija entre 19.950 y 32.250 euros al año, según el grupo de cotización, la subvención máxima por todos los conceptos de costes salariales.
La Justicia obliga desde hace años, con veredictos ya incluso del Supremo incluidos, a la Ciudad a pagar a los contratados de acuerdo su Convenio Colectivo general y a la Delegación a aplicar Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Administración General del Estado.
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