Delegación dará instrucciones para controlar las tramas de parturientas

Hay problemas de complicada solución. Sobre todo cuando la policial no es la única que se presenta como clave.

Esto es lo que sucede en torno a las tramas que hay detrás de la entrada y posterior asistencia a embarazadas marroquíes. La Delegación del Gobierno ha confirmado que se dará instrucciones -de hecho algunas ya se han puesto en marcha- para hacer frente a una de esas problemáticas que por ser comunes resultan hasta normales. Pero no lo son.
Las indagaciones que hasta la fecha han llevado a cabo agentes de la Policía Nacional han permitido confirmar todo lo que en su día denunciara la AUGC sobre la existencia de una organización que se dedica a la introducción de mujeres en avanzado estado de gestación, su estancia en viviendas y su posterior traslado al hospital cuando se avecina el parto.
Según informaciones conocidas por ‘El Faro’, se sabe de la existencia de casas en las que se ha detectado la presencia de embarazadas que, tras unos cuantos días, han acudido al hospital para tener a sus hijos. Son acompañadas siempre por las mismas personas que, se presume, están detrás de estos movimientos organizados. En el Hospital Universitario se les presta la asistencia sanitaria avalada por una atención humanitaria. ¿Pero dicha atención está movida por una urgencia?
A la vista de las investigaciones policiales no. Más que una urgencia hay una preparación. Es decir, se posibilita la entrada de la embarazada, su estancia y su posterior traslado al clínico. Algunas de estas mujeres cuando están en Marruecos son asistidas por sanitarios españoles que luego trabajan bajo la administración local. Una actuación contra la que policialmente tampoco se puede actuar ya que queda disfrazada, de nuevo, de atención humanitaria.
Encima de la mesa de la Delegación del Gobierno están no sólo los informes que realizó en su día la propia Policía, con seguimientos sobre viviendas en donde residen las futuras madres y control sobre los actores -siempre son los mismos- que aparecen en torno a esta situación. También están los propios informes que la anterior cúpula del Ingesa trasladó a la administración central sobre entradas de estas mujeres y asistencias que se les prestaron y, sobre todo, quiénes las atendieron. Cada vez el porcentaje de partos de marroquíes es mayor -en 2011 superó el 35% del global de casos-, con lo que se genera un gasto económico imposible de recuperar y que esconde, en un tanto por ciento elevado, simplemente un fraude.

Se destapa la caja de las ¿sorpresas?

El delegado del Gobierno ha anunciado su intención de controlar los fraudes de los pisos patera, de las inscripciones de marroquíes en el Registro y, también, de las tramas que hay detrás del cada vez mayor número de partos procedentes del vecino país. Su anuncio no esconde más que la intención de poner control sobre una serie de irregularidades permitidas durante años y conocidas por administraciones socialistas y populares. Nada sucede porque sí. Y en el caso de las embarazadas marroquíes se abre una vía de entradas cada vez mayor que provoca un gasto sanitario imposible de recuperar. ¿Alguien cobra por dicha asistencia?, ¿alguien se lucra de esta trama? La solución no es sólo policial. Política y sanidad tienen mucho que decir.