Del Valle-Inclán denuncia que es objeto de “persecución institucional”

El secretario de Organización de CCOO, Ramón del Valle-Inclán, ha recurrido la propuesta de sanción por la que la Consejería de Medio Ambiente pretende que pague 2.000 euros al considerarlo responsable de los ruidos de las protestas de los parados que superaban el mínimo establecido. Y lo ha hecho con un escrito que ha enviado a este área en el que dice que se considera objeto de una “persecución institucional”, al derivar hacia su persona y patrimonio la sanción que pudiera corresponder a la organización a la que representa, y también “al no haber actuado diligentemente para identificar la personalidad de los autores materiales de los hechos y al ser tratado de forma discriminatoria y malintencionada con respecto a los autores de hechos similares al que ahora sanciona”, recoge el escrito.
En esta línea, Del Valle-Inclán considera que la intención de la Administración es “impedir el libre ejercicio del derecho constitucional de manifestación, al pretender eliminar los elementos esenciales para el desarrollo del mismo, que tradicionalmente han venido siendo utilizados en ocasiones precedentes sin que su uso haya merecido ningún tipo de sanción”.
Tras recibir escritos por parte de la Ciudad sobre los expedientes y enviar sus alegaciones, el secretario de Organización de CCOO envió otro para solicitar que se realizaran mediciones de ruidos en eventos de análoga naturaleza en los que también se utilizan tambores “en mayor número que en las concentraciones sindicales y durante más tiempo que en estas”, sin que por parte de la Administración se haya realizado alguna actuación para evaluar el nivel de emisión de ruidos que producen estas actuaciones celebradas en la vía pública. Seguidamente, Del Valle-Inclán cita el artículo 14 de la Constitución, que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, algo que “no se cumple por esa Administración, al proceder de forma distinta ante la celebración de actos de análoga naturaleza, considerando a unos merecedores de sanción y a otros no”.
Otra de las cosas que alega el sindicalista es que no consta en el expediente la existencia de denuncia alguna por parte de los usuarios de la vía o de los vecinos y trabajadores de los edificios próximos al lugar de concentración en la que se invoquen los supuestos perjuicios causados por los ruidos procedentes de los participantes en la manifestación.
El sindicalista también critica que, “por lo que se deduce del contenido de su escrito de fecha 19 de mayo”, la Consejería ha acordado la acumulación de tres expedientes sancionadores, “sin que se haya producido notificación al interesado de este acuerdo de acumulación”.  Y es que la Ciudad había propuesto una sanción de 600 euros por cada uno de los tres expedientes y finalmente le comunicó que debería pagar 2.000 euros.
Por último, Del Valle-Inclán recuerda que la Administración ha incumplido el plazo de diez días establecido para notificar esta resolución al interesado, en este caso él.