La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por una marroquí residente en Ceuta, casada con un español y madre de tres hijos, a la que el Ministerio de Justicia denegó la nacionalidad.
Y lo hizo argumentando su “falta de integración” en la sociedad española toda vez que “habla y entiende el castellano con gran dificultad”. La mujer alegó que era analfabeta, por lo que no pudo responder a las preguntas formuladas por el magistrado del juzgado número 3 con cierto sentido de la lógica, pero que eso no significa que no esté integrada ya que ella es la que atiende a los hijos y cuida de su marido ya que presenta una minusvalía.
¿Dónde queda el límite entre la no integración y esa falta de conocimiento adecuado del idioma? En la sentencia se aclara este punto dándose la razón a la Administración, concretando que “difícilmente” puede conseguirse esa integración si no se conoce “el idioma ni el sistema político español” lo que “evidencia un desinterés por su integración”. “El empleo del castellano no constituye el único síntoma de la exigible integración pero la palabra hablada constituye una herramienta indispensable para relacionarse con el prójimo, de manera que difícilmente cabe integrarse en una comunidad si no es capaz de utilizar ese instrumento básico para la comunicación, expresando de forma comprensible las ideas”.
“No puede sostenerse”, añade, “que hay suficiente grado de integración sin un conocimiento de la lengua que permita una comunicación fluida con las autoridades y ciudadanos”.
La Sala entiende que la recurrente no se esforzó lo más mínimo en mejorar el conocimiento del idioma, lo que influyó en que no pasara la entrevista que mantuvo con el juez del Registro: no supo decir el nombre de las CCAA, ni cada cuantos años había elecciones ni para qué sirven, por ejemplo, amén de no comprender adecuadamente lo que se le preguntaba. La falta de esfuerzo por integrarse ha tenido peso en este fallo.
