El Defensor del Pueblo ha confirmado, en respuesta a una queja, que ya ha iniciado una investigación sobre la
devolución sumaria de 114 inmigrantes de origen subsahariano que fueron retornados a Marruecos a través del pase fronterizo horas después de que lograsen el pase en un salto masivo a la valla de Ceuta. En dos páginas que firma y sella el titular del Defensor, Francisco Fernández Marugán, se detalla que "desde el punto de vista mateiral se pudieron apreciar diversas circunstancias que no han quedado lo suficientemente aclaradas", motivo por el cual se han "iniciado actuaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad" para su aclaración. De este modo responde una queja admitida a trámite y presentada por el activista melillense José Palazón, de la asociación Prodein (Pro Derechos de la Infancia) que opera en la ciudad hermana. El Defensor le responde que "se ha podido comprobar que las devoluciones a Marruecos se realizaron durante la mañana del 23 de agosto" y "una parte de los extranjeros que fueron devueltos pernoctaron en los calabozos" mientras que "otros comparecieron voluntariamente en la mañana". "La constancia de su entrega a las autoridades marroquíes se verifica en cada uno de los 114 expedientes con una fotocopia de un documento idéntico en el que, junto al listado de los datos personales, apaerce estampado un sello en el que se puede leer en francés y árabe: 'Policía de Tetuán'", apunta.
Una visita no comunicada en septiembre
El Defensor comenzó a investigar por cuenta propia esta devolución sumaria en septiembre, cuando giró visita no comunicada a la Jefatura de la Policía Nacional el día 18 de ese mes. Tras una consulta de los expedientes, la entidad concluye que "no existe constancia de que las personas devueltas fueran informadas o tuvieran conocimiento de que su devolución se iba a producir a Marruecos". También alude a las declaraciones de la decana del Colegio de Abogados de Ceuta que apunta a que "en ningún momento fue informada por la Jefatura de que se iba a proceder a la devolución de estas personas al país vecino". Sí concluye que en los 114 expedientes analizados se cumplió con las garantías formales de la asistencia letrada, intérprete y lectura de derechos; si bien incide en que
"la presencia de abogado de oficio con formación específica en extranjería" podría haber supuesto "un plus de garantías", y sin embargo, no fue así. Marugán lamenta en este sentido que la asistencia letrada en este tipo de devoluciones se haya convertido "en un trámite meramente formal a la vista de la práctica de no ejecutarlas". "Los extranjeros creen que, tras un plazo, serán trasladados a la península. Los letrados comparten esa creencia y explican de ese modo que ninguno de ellos se acoja a su derecho de solicitar protección internacional, en el momento de la inocoación del expediente de devolución". Con esta investigación abierta, el Defensor recuerda que "las actuaciones iniciadas no suspenderán en ningún caso los plazos para interponer los recursos administrativos o jurisdiccionales que estime oportunos ni la ejecución de las resoluciones o actos afectados".