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Piden a Fiscalía que investigue: no asistieron a un niño con el brazo roto

El Defensor del Paciente eleva una solicitud a Ana Tárrago por la "gravedad" de unos hechos que tipifica como "dejación de funciones" y un trato "vejatorio" hacia este paciente de 6 años que acabó siendo atendido en Marbella

El caso del niño de 6 años de Ceuta que se rompió un brazo jugando al fútbol y, en vez de ser atendido en el Hospital Universitario, lo acabó siendo en una clínica privada de Marbella, ha llegado a la Fiscalía Superior de Andalucía.

El Defensor del Paciente, la entidad que presta asesoría y apoyo a usuarios de la sanidad que hayan podido ver vulnerados sus derechos, ha elevado una petición a su titular, Ana Tárrago, por la "gravedad de la situación" por lo que entiende como una "dejación de funciones"

Tras conocer la noticia publicada por El Faro de Ceuta, Carmen Flores, la defensora, ha pedido mediante escrito formal la intervención de la Fiscalía porque "los pacientes no son maletas, ni tienen que ser vistos lejos de su comunidad ya que la ley explica muy bien que se asigna al paciente un hospital cercano a su domicilio".

Aparte de este argumento, Flores recuerda que el pequeño lesionado se encontró con "la negativa del traumatólogo de su hospital de referencia –en este caso de Ceuta– donde deben atenderlo, o lo que es lo mismo, con la denegación de asistencia y trato vejatorio".

"Tome conciencia del peligro que supone para las personas este tipo de actuaciones"

De tal forma, prosigue el Defensor del Paciente en su petición elevada a la fiscal superior que el "accidentado tuvo que ir a un hospital privado con el riesgo de lo que debería ser una atención inmediata y que se produjo 67 horas después, con peligro que eso conlleva para los pacientes en este caso un niño de 6 años".

Por otra parte, la entidad fundamenta su solicitud a Tárrago en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual obliga "a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al fiscal. Esto, señora fiscal, es un delito", concluye.

Flores espera que la Fiscalía Superior de Andalucía "tome conciencia del peligro que supone para las personas este tipo de actuaciones".

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