La defensa de las exconsejeras dice que "sí se aplicó un procedimiento"

El letrado de las exconsejeras de Fomento y Asuntos Sociales, Javier Izquierdo, ha hecho hincapié este martes en la vista del ‘caso Emvicesa’ en que no es cierto que para la adjudicación de las 170 VPO de Loma Colmenar no se aplicase “ningún procedimiento”, como concluyó la Policía Nacional de Ceuta.

A su juicio lo que hizo la Comisión Local de la Vivienda fue suplir los primeros pasos del mismo incluyendo como potenciales beneficiarios a “todos” los demandantes de vivienda registrados como tales en Emvicesa.

El inspector de la UDYCO que llevó las riendas de la investigación policial de la supuesta venta de viviendas y cuya “interpretación jurídica” de la normativa aplicable ha sido cuestionada ha insistido en que hubo adjudicatarios de esa promoción que no cumplían ni ese requisito básico y ha opinado que se saltaron pasos, como una convocatoria pública, que tendrían que haberse dado.

“Sí se ha aplicado un procedimiento, pero no el que usted cree”, ha rebatido el abogado apelando al artículo 15.2 de la Ordenanza que literalmente dice que “el establecimiento de un plazo y de una convocatoria de solicitudes podrá ser suplido por la admisión al procedimiento de todas las solicitudes incluidas en el Registro de Demandantes”.

Las preguntas técnicas al jefe de la UDYCO

El policía ha dicho desconocer la existencia y competencias de una Ponencia Técnica que con presencia del Estado y la Ciudad debía fijar los requisitos a reclamar a los posibles adjudicatarios y ha resumido que “lo que yo creo es que debía haber un control, como con las 317 VPO, pero no hubo criterios legales, objetivos y formales”.

A renglón seguido ha reconocido que “nunca ha puesto en duda” que Emvicesa debía ser la encargada de depurar el listado de miles de demandantes hasta quedarse con 170.

También ha admitido desconocer más allá del “sentido común” si la Comisión Local de la Vivienda tiene personal a su disposición o si cuenta o no con un registro de comunicaciones en el que quede constancia de la presentación de reclamaciones. Desde su punto de vista ese órgano colegiado debería “velar por el cumplimiento de la normativa”, lo que a sus ojos no hizo, aunque no ha podido concretar si la Ordenanza le endosa explícitamente esa competencia.

Sin rastro de dinero en los expolíticos

Sin “ningún indicio” de que Román, Mohamed o Ali percibieran dinero por ser cómplices de la organización criminal que supuestamente lideraba López, el inspector ha asumido que no existen intervenciones telefónicas que relacionen a las exconsejeras de forma delictiva con otros acusados ni se ha identificado en quién pudo “influir” la de Asuntos Sociales para conseguir una vivienda para un allegado.

“Si en una adjudicación sin procedimiento como fue aquel aparece un familiar que consiguió una lo recogemos por si puede, puede, haber sido fruto de un tráfico de influencias”, ha explicado el agente, que ha dicho no haber encontrado ningún indicio de que hubiese personas que estafasen a pagadores haciéndoles creer que podían conseguirles una VPO sin tener esa capacidad.

Preguntado por cómo es posible se encontrase rastro de pagos de unas 40 personas sobre un total de 317 posibles autores de cohecho el policía ha rechazado hacer especulaciones y ha insistido en que de lo que está seguro es de que “no hubo procedimiento” de adjudicación.

La exclusión de Barceló, exgerente del PP

La abogada de Mohamed Ali, Isabel Valriberas, ha interpelado al funcionario sobre la información que se le facilitó en relación con qué administración financió las promociones de Loma Colmenar o el Acuerdo Marco entre el Estado y la Ciudad sobre las mismas. “Si me dieron alguna estaría en la instrucción y si no la recogí fue porque no le di trascendencia”, ha respondido.

En respuesta a Abselam Abderrahaman, abogado del exgerente del PP, Jesús María González Barceló, acusado de tráfico de influencias, el inspector ha recordado que “en un principio se le excluyó de la investigación, pero después en unos 'whatsapps' dio unos nombres en un contexto de falta de procedimiento”.

“Los criterios indiciarios de delito fueron que las viviendas se conseguían pagando o con tráfico de influencias”, ha resumido el policía en la recta final de su larguísima declaración, que ha ocupado casi toda la jornada y que ha terminando insistiendo en que “el proceso con las 317 iba a ser el mismo que con las 170”, entre cuyos beneficiarios se ha encontrado a siete no demandantes de vivienda.

Además, el agente ha valorado la colaboración que durante la investigación le ofreció la entonces gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, y ha defendido su labor aunque pueda haber tenido “algún error”. “Ojalá fuera perfecto”, ha terminado.