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Defensa busca reconocer a todos los militares como profesión de riesgo

El Ministerio plantea incluir a todos los miembros de las Fuerzas Armadas en una medida histórica que deberá ser evaluada por Seguridad Social

El Ministerio de Defensa ha dado un paso más en su intención de reconocer la condición de profesión de riesgo para los militares, incluidos los de Ceuta, una reivindicación histórica del colectivo que podría afectar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, independientemente de su régimen de protección social.

La propuesta, aún en fase inicial, será trasladada al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tendrá la última palabra sobre su viabilidad y sobre los mecanismos jurídicos y normativos necesarios para su aplicación.

Una medida que busca incluir a todos los militares

Durante una reunión mantenida este jueves en la sede del Ministerio de Defensa, la subsecretaria Adoración Mateos trasladó a las asociaciones profesionales la intención del departamento de no dejar fuera a ningún militar del reconocimiento.

Según fuentes del Ministerio y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), el objetivo es que la medida abarque tanto a los militares incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social como a aquellos acogidos al sistema de Clases Pasivas, que en propuestas anteriores quedaban excluidos.

Este cambio de enfoque supone una modificación relevante respecto a planteamientos iniciales, que solo contemplaban a los efectivos incorporados a partir de 2011. Esa limitación había generado críticas por dejar fuera a “miles de efectivos”, según las asociaciones.

Reacción de las asociaciones militares

Las principales organizaciones del sector han valorado de forma positiva el anuncio, aunque con cautela. La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (Asfaspro), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) calificaron la reunión como “clave”.

Las asociaciones celebran que se plantee un reconocimiento global, pero advierten de la necesidad de que el proceso sea real y no se quede en una declaración de intenciones.

En este sentido, han reclamado que la medida no se convierta en una posible “zanahoria preelectoral” y han insistido en participar activamente en su desarrollo para evitar desigualdades entre los distintos regímenes del personal militar.

Un proceso aún sin calendario cerrado

Defensa ya había informado previamente en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) de que había iniciado los trámites para declarar la carrera militar como profesión de riesgo. Sin embargo, el proceso sigue abierto y sin calendario definido.

La subsecretaria Adoración Mateos y el director general de Personal, el general de división José Ramón Velón, explicaron que ahora será el Ministerio de Seguridad Social quien deberá analizar la propuesta y determinar si puede materializarse.

Las asociaciones han reconocido que se trata de un asunto de “gran calado”, aunque han advertido de que su tramitación “no será fácil ni rápida”.

Pensiones y condiciones laborales en el centro del debate

Más allá del reconocimiento profesional, los colectivos militares han puesto el foco en las posibles consecuencias de la medida sobre las pensiones y las condiciones de retiro.

Las asociaciones reclaman que el futuro modelo garantice que no existan diferencias entre militares en función de su régimen de adscripción, ya sea Seguridad Social o Clases Pasivas.

También han subrayado la importancia de que el reconocimiento tenga efectos reales para quienes han abandonado las Fuerzas Armadas antes de la edad de retiro, evitando así desigualdades entre antiguos y actuales efectivos.

Un paso político y social de alcance

El Ministerio de Defensa trabaja ahora en trasladar formalmente la propuesta a Inclusión y Seguridad Social, donde deberá evaluarse su encaje legal y presupuestario.

Si finalmente prospera, el reconocimiento de los militares como profesión de riesgo supondría un cambio estructural en el estatus laboral del colectivo, con implicaciones en materia de derechos, pensiones y protección social.

Por el momento, el proceso sigue abierto, pero tanto el Ministerio como las asociaciones coinciden en que se trata de un debate de fondo que marcará el futuro de las Fuerzas Armadas en los próximos años.

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