La plantilla de las Brigadas Verdes rechazó ayer, tras quince años dependiendo de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), pasar a hacerlo de Tragsa. Los múltiples problemas que a la hora de fiscalizar sus cuentas ha dado la gestión de la FPAV no han espantado a los trabajadores, que prefieren el laxo régimen que les brindan sus actuales patrones a un sistema de trabajo menos flexible aunque fuera con condiciones laborales y salariales más favorables.
El esfuezo de la Ciudad Autónoma por dotar con algo más de 1,1 millones de euros el presupuesto del convenio que sostiene las nóminas de esos 134 trabajadores ha recibido un portazo por parte de casi la mitad de la plantilla (66 en contra por 53 a favor).
En la disyuntiva algunos sindicatos han revitalizado la posibilidad de que los empleados logren por la fuerza de la presión acceder a una empresa municipal, algo que los técnicos no consideran viable, entre otras cosas por la posibilidad de que tras ellos reclamen lo mismo otros muchos colectivos, entre ellos quienes ahora trabajar para Tragsa haciendo labores similares.
La administración debe dejar claro que no mantiene proyectos sin ninguna o apenas exigencia o rentabilidad social y ser firme en la fiscalización de las cuentas de este y el resto de convenios que suscribe anualmente, aunque nos encontremos casi en periodo electoral, y los trabajadores asumir la responsabilidad de las decisiones que tenían derecho a tomar con total libertad, como hicieron ayer.
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