Según el último informe de Greenpeace (¿Quién está asfixiando a los agricultores?), los agricultores están asolados por los impactos de la crisis climática. Las sequías provocan pérdidas económicas anuales de unos 9.000 millones de euros en la UE y en el Reino Unido, principalmente por los daños sufridos por el sector agrario. Efectivamente hay una crisis real en el sector agrario, pues en sólo 15 años, la UE ha perdido casi el 40% de sus agricultores, fundamentalmente pequeños y medianos.
Sin embargo, en nuestro país los sectores agrario y pesquero son uno de los principales pilares de la economía española y sostienen la balanza comercial. Solo en los últimos 12 meses, según la información oficial, las exportaciones agroalimentarias superaron los 70.000 millones de euros. Pero situaciones como la guerra en Ucrania o la prolongada sequía, comprometen producciones y rentabilidad del sector.
En el diario El País del pasado jueves, se publicaba un artículo firmado por Marcos Garcés, agricultor y ganadero, titulado ¿Qué está pasando en el campo?, que hacía una objetiva radiografía de la situación. Según su opinión, la extrema inestabilidad que se sufre es consecuencia del cambio climático, la veloz montaña rusa de precios y los vaivenes legislativos. Respecto al clima, es evidente que cada vez más fenómenos extremos destrozan las cosechas, mientras que los costes de producción se disparan, no siendo acompañados de igual manera por los precios de los productos, que incluso caen. A lo anterior hay que sumarle, según su opinión, el aluvión legislativo y de exigencias, acertadas y erróneas, sin una pedagogía previa para introducirlas. A esto hay que añadir el perjuicio económico provocado por la entrada de productos de terceros países con unos estándares de calidad y exigencias inferiores a los nuestros. En esta situación, nos dice, se ve cómo los fondos de inversión aterrizan en el campo, desplazando a los agricultores para hacer megaexplotaciones destinadas a la exportación.
"Es cierto que desde el gobierno de España se han movilizado ayudas por valor de 4.000 millones de euros entre los años 2022 y 2023, además de ayudas directas para agricultores y ganaderos por valor de 1.400 millones de euros"
La situación no es nueva ni desconocida. Greenpeace explica en el informe que el problema es cómo la agricultura y el sistema alimentario está organizado en Europa, destacando tres problemas. En primer lugar, la normativa, los mercados y las subvenciones, que en la UE están orientados a beneficiar a los más grandes y mayores terratenientes. Algunos cálculos estiman que el 80% de las ayudas de la PAC las acaparan un 20% de grandes propietarios. En segundo lugar, las empresas alimentarias imponen precios bajos a los productos de los agricultores. En tercer lugar, las multinacionales agroquímicas exprimen a los agricultores al subir el precio de los insumos, como las semillas híbridas, los plaguicidas, los fertilizantes y los medicamentos para animales. Esto expulsa del mercado a los pequeños productores.
El autor del artículo mencionado anteriormente nos decía que él era agricultor y ganadero, y estaba concienciado con la lucha contra el cambio climático y con la mejora de su suelo, intentando que su explotación sea lo más eficiente posible medioambiental y económicamente, sin bajar la producción. Sin embargo, entiende que la agricultura está en una encrucijada y necesita que la sociedad la acompañe en la transformación, pues además de un sector económico, es un servicio público, ya que provee de materias primas alimentarias a la sociedad, mantiene el medio ambiente y vertebra el territorio.
Es cierto que desde el gobierno de España se han movilizado ayudas por valor de 4.000 millones de euros entre los años 2022 y 2023, además de ayudas directas para agricultores y ganaderos por valor de 1.400 millones de euros. También se han habilitado 300 millones de euros destinados a paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes; 268,7 millones de euros para apoyar por la sequía a determinados cultivos industriales de arroz y tomate; o 2.400 millones de inversión en regadíos para el período 2021 a 2027.
Pero esto no es suficiente. Hay que seguir profundizando en una PAC más justa y social, promoviendo su flexibilización para favorecer aún más a las medianas explotaciones profesionales y que incentive la adopción de prácticas voluntarias beneficiosas para el medio ambiente y para los agricultores, a través del novedoso sistema ya implementado de los ecorregímenes. De la misma forma, es imprescindible mejorar la Ley de la Cadena Alimentaria para que los productores no se vean obligados a vender sus productos por debajo de sus costes de producción.
En este camino es en el que debemos profundizar, pues los agricultores y la naturaleza han de ser aliados y no enemigos. De lo que se trata no es de reducir los controles sobre los pesticidas, sino de aumentárselos a todos, incluyendo los productos que vienen de fuera; así como endurecer la Ley de la Cadena Alimentaria. Los mensajes de la ultraderecha euroescéptica y negacionista del cambio climático, o de la derecha del “dogmatismo ambiental”, que pretenden acaparar las justas movilizaciones de estos días, no ayudan al sector agrario ni al medio ambiente, sino todo lo contrario.