La Administración General del Estado debe intentar cumplir a rajatabla los plazos establecidos en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta para que su ejecución no defraude las muchas expectativas generadas a finales del año pasado con su presentación y los cerca de 600 millones de euros de inversión que se anunció para el próximo cuatrienio. Durante el presente ejercicio son varias las medidas que deben estar plenamente desarrolladas y el hecho de que en 2023 vayan a celebrarse elecciones autonómicas en mayo y previsiblemente generales en diciembre no puede interferir con la ejecución de las mismas. La ciudad se encuentra actualmente en una encrucijada tras las duras crisis que ha superado durante los últimos años (la fronteriza, la migratoria y la sanitaria) y la implementación de las actuaciones consensuadas por el Gobierno central con el de Ceuta no solamente tiene que coadyuvar a la definición de ese nuevo modelo de ciudad que se busca para las próximas décadas, sino también a mejorar de inmediato la calidad de vida de los caballas. Las dos administraciones celebraron antes de que terminó 2022 la primera reunión de la comisión bilateral encargada de velar por el desarrollo de las medidas contenidas en el documento y tanto el Ministerio de Política Territorial como la Ciudad Autónoma deben dar cuenta con transparencia y regularidad de las reuniones de ese órgano y de las conclusiones que se alcancen en el mismo. Si el Plan Integral pierde foco y pasa, como le ha ocurrido a tantos otros documentos, a ser o parecer papel mojado a ojos de la ciudadanía se habrá perdido una oportunidad inmejorable de dar un empujón imprescindible al futuro de la ciudad y eso es algo que no se puede permitir.