Los abogados que llevan la representación de Antonio López, los trabajadores de
Emvicesa procesados y otros encausados en el
'caso Emvicesa' han dedicado la sesión vespertina de la
primera jornada del juicio oral, dedicada a la exposición y deliberación de cuestiones previas, a cuestionar la imparcialidad de la magistrada que instruyó el procedimiento y de los que forman la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. Sus argumentos han chocado con la posición de la Fiscalía y de la acusación particular, que han aceptado que un investigado puede convertirse a ojos de un juez en prejuiciosamente culpable, pero sin repercusiones si ello no se traduce en una “contaminación” evidente de su comportamiento, algo que desde su punto de vista no ha acontecido. La defensa del supuesto “cabecilla”, según el Ministerio Público, de una “organización criminal” dedicada a
adjudicar VPO irregularmente,
Antonio López, ha recusado a Tesón, De Castro y Martín porque, estima, “conocieron de los recursos de apelación interpuestos contra la prisión provisional” de su mandante, por lo que han quedado invalidados para emitir ahora un veredicto sobre el fondo del asunto. No ha opinado lo mismo el Ministerio Público, que entiende que “no cabe duda de su imparcialidad” cuando “se limitaron a juzgar si era o no conveniente el mantenimiento de esa medida sin que nada haga pensar que se viesen contaminados más allá de lo que pueda existir en la mente de quien los rechaza”.
Los letrados de los empleados públicos de Emvicesa encausados han cargado contra la instructora porque primero tomó declaración a sus defendidos como testigos y posteriormente pasaron la condición de investigados sin dictar el cambio de forma inmediata y darles asistencia letrada. “Debería haberlos pasado de una a otra situación desde el minuto uno, pero, al contrario, incluso hizo preguntas incriminatorias a las que ella misma contestaba” han censurado algunos abogados de los ahora considerados “cooperadores necesarios” de López para llevar a cabo las tropelías que se le atribuyen con las promociones de viviendas protegidas en Ceuta. La acusación pública considera, sin embargo, que los empleados públicos de la empresa municipal (Isaac Medina, Salvador Vera, Manuel García, Juan Manuel Zaragosí y Teresa Sánchez) para los que pide entre 13 y 15 años de cárcel pecaron de “falta de colaboración” y de “claridad” en sus testificales iniciales, lo que justificaría la intervención posterior de sus conversaciones telefónicas y su conversión en investigados. El letrado de uno de los que comenzaron siendo señalados solo como 'clientes' y ha terminado acusado también de cohecho y organización criminal ha denunciado esas imputaciones como “sorpresivas” e incardinables en el auto de procedimiento abreviado de la jueza instructora, cuestionamiento que se extiende a otros procesados conocidos como los expolíticos encausados, pero la Fiscalía ha defendido su “libertad” para elevar la implicación de involucrados en la presunta trama juzgada.
“Desde el principio se ha hablado de una trama, de una pluralidad de personas... No hay ninguna vulneración del principio acusatorio”, ha advertido el Ministerio Público antes de que el letrado de López aportase pruebas nuevas sobre los bienes intervenidos al exgerente de Emvicesa en el momento de su detención, supuestamente sobrevalorados en el registro de su casa. Para terminar, el letrado de la exconsejera de Fomento, Susana Román, ha entregado las diligencias completas de la denuncia de su defendida contra Kissy Chandiramani por las repercusiones que la misma pudiera tener, por haber supuestamente falseado algún testimonio o documental, con implicaciones en el 'caso Emvicesa'. La Fiscalía se ha opuesto a la incorporación de esos documentos al entender que “carecen de cualquier tipo de relevancia” por provenir de un procedimiento “independiente” y “actualmente archivado” sobre hechos “que no se están en enjuiciando aquí”. A pesar de ello, la Sala los ha admitido.