El primer folio de las Diligencias Previas 355/2015, el 'caso Emvicesa', que ha terminado sumando unos 10.000, habla de la denuncia que Susana Román, hace 8 años consejera de Fomento de Ceuta y hoy paradójicamente también procesada en la causa, presentó por la publicación de una lista de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar que no sabía ni cómo se había elaborado.
Hasta la página 2.000 hay que avanzar casi para encontrar una referencia a unas escuchas que la Policía Nacional había practicado un año atrás, en el marco de sus indagaciones para esclarecer el homicidio de 'Ribery', que dieron pie a los agentes a pensar que “se estaba cogiendo dinero a cambio de viviendas de VPO” con uno de los implicados en la muerte del citado como partícipe.
El asunto se instruyó como una posible estafa, por parte del Juzgado de Instrucción número 2, pero acabó siendo sobreseído con el respaldo de la Fiscalía al entender que no resultaba debidamente justificada la comisión del delito “sin perjuicio de que con posterioridad y para el caso de que se pongan de manifiesto otros datos relevantes permitieran continuar con la labor instructora”.
El 14 de octubre de 2016, la entonces instructora del ya 'caso Emvicesa' solicitó la acumulación del asunto a sus diligencias para seguir tirando de aquel hilo. Casi de inmediato se constató que había conexión entre el susodicho y parte de los actualmente sentados en el banquillo como varios trabajadores procesados de Emvicesa.
Las defensas preveían atacar todo el sumario el 'fruto de un árbol envenenado' y en verano que la Policía Nacional dijese que no encontraba los papeles de aquellas pesquisas dio esperanzas a sus abogados, pero este lunes la Fiscalía ha presentado un oficio con copia testimoniada sobre aquella actuación.
“Parece un trámite de prueba nueva”, han recelado, pero el presidente de la Sección VI de la Audiencia ha dado carta blanca para seguir adelante. Los letrados que defienden a los encausados han tildado de “sorpresivo” el hallazgo y han reclamado de inmediato que declare en el juicio el funcionario que suscribe el documento, así como las escuchas “íntegras” de 2014.
A preguntas de la Sala las defensas han alegado que “hay que ver todas las horas grabadas y comprobar si hay datos que apunta a la calificación jurídica de estafa que se hizo entonces, porque la autenticidad del oficio la cuestiona la propia Policía cuando dijo que no lo encontraba”.
El fiscal ha explicado que “habíamos pedido el documento y la Policía dio resultado negativo, pero esta parte tiene plenas facultades para aportar pruebas, más cuando se trata de una advertida, pero se corrobora que aquella intervención se llevó a cabo con todas las prescripciones legales y por tanto conforme a Derecho”. “En el sumario consta el seguimiento completo de la causa incoada y no hay ningún tipo de indefensión”, ha añadido el Ministerio Público.
