La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, “Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, ha cumplido más diez años, sin embargo las estadísticas nos muestran que no es totalmente eficaz; algo está fallando. En estos últimos diez años 613 mujeres han muerto a manos de sus parejas, 32 en 2015 y, lamentablemente, aunque espero equivocarme, seguirá subiendo.
Supuestamente los juzgados endurecieron las penas, y el apoyo legal y psicológico hacia las víctimas aumentó. ¿Pero realmente se ha hecho? Las cifras muestran lo contrario, al igual que destaca cómo algo alarmante la poca preocupación por la prevención en violencia de género: “Más vale educar a un niño que castigar a un hombre”. Hay que educar en valores tanto a los niños como a las niñas para que éstas también sean conscientes de hasta qué punto una situación pasa de ser normal a ser acoso, violencia psicológica, violencia física…
Hoy en día cada vez a más temprana edad, los niños y niñas hacen uso de las redes sociales. Esta herramienta puede ser muy útil pero también puede llegar a ser muy peligrosa.
La violencia machista en Europa cuesta 228.000 millones de euros al año. Un gasto que podría reducirse si los países destinaran más recursos a la prevención de la violencia de género; aumentando tan solo un 10 por ciento en prevención estaríamos ahorrando no sólo en dinero, lo haríamos en lo más importante, en vidas, lo cual parece que al Gobierno no le preocupa tanto.
Al retroceder en las políticas de prevención, este Gobierno del Partido Popular nos está llevando a una situación de máxima gravedad. Los hachazos presupuestarios en esta materia suponen el desmantelamiento progresivo de la red de apoyo social, la reducción y deterioro en atención psicológica, en el sostenimiento de los centros de acogida, en los dispositivos telemáticos, en los planes personalizados de inserción laboral, en la formación de los profesionales que las atienden, entre otros. Las ONGs especializadas en la materia están viendo también cómo las ayudas para el mantenimiento de sus servicios disminuyen o incluso desaparecen.
El Gobierno parece ignorar que la principal estrategia es concienciar a la sociedad, y que es una labor de todos y todas el conseguir que las víctimas se sientan respaldadas a la hora de poner una denuncia y pedir ayuda. En lo que va de aplicación de la Ley, más de un millón de mujeres han denunciado maltratos por parte de sus parejas o exparejas, sin contar que el 80 por ciento no llega a denunciar, y el 40 por ciento de mujeres maltratadas no llegan a ser conscientes de ello, ya que han llegado a un punto en que piensan que lo que están viviendo es algo normal y lo peor de todo es que ellas creen que se merecen lo que les está ocurriendo.
Nada más que en este mes como ejemplo hemos tenido el caso de Marina y Laura en Cuenca, el cual apunta a ser un caso premeditado por parte de la expareja de una de ellas; el caso en Castelldefels dónde mató a su exmujer con un machete; o las muertes de críos indefensos a manos de sus padres.
El gran número de cifras mortales al que hemos llegado, ha motivado que desde nuestro partido se reclame un pacto de Estado contra los ataques machistas y se ha pedido un acuerdo de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Para ello los socialistas hemos presentado este viernes una proposición para la aplicación de la Ley de violencia de género, que no olvidemos fue impulsado por un Gobierno del PSOE y aprobada en 2004.
En la propuesta ya registrada en el Congreso por nuestro Partido, señalamos que urge “analizar la aplicación” y sus “posibles distorsiones”. Entre ellas, hacen mención a las señaladas por la Fiscalía especial y el Consejo General del Poder Judicial, como la dispensa legal de las víctimas a declarar contra su cónyuge o pareja cuando este está acusado como su agresor.
De igual forma, citan las “situaciones de riesgo extremo” en las que se ven muchos menores porque dicen que no se garantiza su seguridad. Y es que hasta ocho menores han sido asesinados por sus padres, los cuales estaban denunciados por violencia de género en este mismo año. La reciente Ley de la Infancia reconoce como víctimas directas a los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género, pero los expertos alertan de que los agresores disfrutan de permisos con sus hijos sin supervisión, por tanto ni se garantiza la seguridad de los pequeños ni se deja que las víctimas de violencia de género puedan terminar de rehacer sus vidas o desplazarse a otra ciudad, ya que siempre van a tener que estar en contacto con ellos aunque sea a través de los conocidos “puntos de encuentros”. ¿Cómo va a dormir tranquila una mujer que sabe que sus hijos están durmiendo con un hombre que fue capaz de pegarle una paliza? ¿cómo va a estar tranquila sabiendo que sigue estando en la misma ciudad que él?
Más vale prevenir que curar, ¿de qué nos sirve ahorrar en gastos en campañas si la consecuencia que tendremos son pérdidas de vidas humanas? o ¿vale más la pena perder la vida de una persona, que el disponer de pulseras gps para tener controlados a los maltratadores?
Nuestros hijos crecen y aprenden de lo que observan y ven, ¿qué conductas llegarán a considerar normales la sociedad de dentro de 20 años?
Por todo ello, desde el Partido Socialista de Ceuta queremos concienciar a la sociedad caballa en particular y a la española en general, que por el camino que vamos no avanzaremos en una sociedad más justa e igualitaria y que una Ley no sirve para nada y es papel mojado si no se dotan económicamente las partidas necesarias para que puedan existir los medios materiales y humanos que sirvan para velar por su cumplimiento.
