El ocultismo convertido en camuflaje cobarde de las administraciones públicas lleva a que el ciudadano tope con una ausencia absoluta de transparencia. Y eso sucede en el CETI. No siempre ha sido así, pero ahora se permite.
Esta semana ha sido noticia por la agresión contra 5 trabajadores, no hemos podido hablar con la dirección del centro, tan solo se han recibido unas valoraciones tan simples como evidentes por parte de la delegada del Gobierno.
Decir que se aplicará la ley y el régimen del centro es como decir nada. Quedan demasiadas dudas, como también reclamación de responsabilidades.
Si este joven había provocado enfrentamientos anteriormente y además todos coinciden en indicar que no está bien, que no está en plenas facultades, ¿cómo es que seguía en el CETI?
¿Por qué no hubo un traslado previo a otro lugar? Si, además, se le impone una medida de alejamiento respecto de los trabajadores lesionados, ¿cuál es la decisión de la administración?, ¿dejar en la calle a alguien que no está en plenas facultades?, ¿cuáles han sido las consecuencias de ello? Otra detención 48 horas después de la condena, y es lo menos que ha ocurrido.
Cuando sucede un suceso que ha tenido esa repercusión hay que ser transparente y hablar. Esto no se ha hecho y es malo. La dirección del CETI está obligada a explicarse, pero hasta la fecha lo ha evitado por este caso y por otras situaciones, al menos inapropiadas, que se han sucedido en el centro recientemente.
La administración está incurriendo en la más grave de las posturas, lo hace de manera torpe porque luego es la primera en denunciar el ‘amarillismo’ de crónicas periodísticas o afear incluso las valoraciones de partidos políticos tendentes a lo más extremo.
Pero tanto lo primero como lo segundo no es más que la consecuencia de una falta de claridad, de creerse que el CETI es un cuartel en donde nada se sabe, pero ocurre de todo, sin que a la ciudadanía tenga por qué preocuparle o interesarle.