La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan extraordinario para reforzar los servicios públicos de Ceuta y Melilla ante el incremento de la presión migratoria registrado en ambas ciudades autónomas.
El sindicato considera que la situación está teniendo un impacto directo sobre la atención a la ciudadanía y sobre las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en primera línea, especialmente en ámbitos como la sanidad, los servicios sociales, los centros de menores, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada.
CSIF señala que los acontecimientos registrados en Ceuta durante los últimos días, con miles de entradas irregulares por vía marítima y terrestre, han provocado el colapso de distintos recursos asistenciales y han llevado a las autoridades de la ciudad a reclamar una respuesta extraordinaria por parte del Estado.
Al mismo tiempo, recuerda que Melilla también está experimentando un aumento de la presión migratoria, con nuevos intentos de acceso y episodios de tensión en el perímetro fronterizo, una situación que, a su juicio, demuestra que ambas ciudades afrontan un desafío común que requiere una actuación coordinada.
Para la organización sindical, esta realidad no debe analizarse únicamente desde la perspectiva migratoria, sino también desde el impacto que está teniendo sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
El sindicato sostiene que los profesionales sanitarios afrontan una mayor presión asistencial debido a la atención urgente que requieren muchas de las personas que llegan a las costas ceutíes. Asimismo, afirma que los trabajadores de los centros de protección de menores se enfrentan a una creciente sobreocupación de los recursos disponibles.
CSIF añade que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con los servicios de emergencia, están realizando un esfuerzo extraordinario para garantizar tanto la seguridad como la atención humanitaria, mientras que los vigilantes de seguridad privada desempeñan un papel cada vez más relevante en instalaciones estratégicas y centros públicos.
Según la organización, todos estos colectivos arrastran desde hace años problemas de falta de personal, dificultades para cubrir vacantes y una elevada carga de trabajo que se ha visto agravada por la situación actual.
Ante este escenario, CSIF reclama al Ejecutivo central un plan específico para Ceuta y Melilla que contemple el refuerzo inmediato de recursos humanos y materiales en la sanidad pública, los servicios sociales, los centros de menores, el CETI, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencia y la seguridad privada.
Además, solicita una planificación estable que permita anticiparse a futuras situaciones de presión migratoria, reforzar las plantillas estructurales y garantizar que ambas ciudades dispongan de los medios necesarios para mantener unos servicios públicos de calidad.
La organización concluye que el Gobierno no puede permanecer al margen mientras aumenta la presión sobre dos territorios que constituyen la frontera sur de España y de la Unión Europea. En este sentido, considera que actuar con rapidez resulta imprescindible para evitar el colapso de unos servicios esenciales que garantizan la atención a la ciudadanía, la seguridad y la convivencia en Ceuta y Melilla.
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