La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas y con representación en Ceuta, ha remitido una carta formal a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigir que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 se habilite el crédito necesario que permita atender, entre otras cuestiones, “el incremento de las retribuciones del conjunto de empleadas y empleados públicos, conforme al IPC, con efectos retroactivos al 1 de enero”.
La misiva se envía tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden que dicta las normas para elaborar las cuentas del próximo año. Según el procedimiento, los órganos y entidades del sector público estatal deberán remitir sus presupuestos antes del 12 de septiembre.
Desde CSIF señalan que este trámite es una oportunidad para reiterar la necesidad de que “la nueva norma presupuestaria incluya medidas para la mejora de las condiciones económicas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo que sin duda redundará en la mejora de nuestros servicios públicos y en el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar”.
En este sentido, el sindicato enumera una serie de medidas que considera fundamentales:
Recuperación del poder adquisitivo perdido, que “se sitúa a día de la fecha en más de un 20%”.
Recuperación del régimen retributivo previo a los recortes de 2010, “percibiendo el 100% de las pagas extra”.
Equiparación salarial entre cuerpos y escalas, independientemente del ámbito territorial.
Adecuación de los Grupos Profesionales conforme al artículo 76 del TREBEP.
Implantación de la carrera profesional para todos los empleados públicos.
Actualización de indemnizaciones por servicio, manutención, pernocta, uso de vehículo y residencia, “cuyas cuantías llevan más de 25 años sin revisarse”.
Homologación salarial del personal laboral en el exterior.
Eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público.
Jornada laboral de 35 horas semanales en todas las Administraciones.
Regulación de la jubilación parcial y anticipada para colectivos con trabajos penosos, tóxicos o peligrosos.
Incremento de los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas, para homogeneizarlos con los del Régimen General.
Establecimiento de la jubilación voluntaria a los 60 años en el Régimen General de la Seguridad Social.
CSIF recuerda que debe garantizarse “que al amparo de la negociación colectiva se puedan suscribir acuerdos que impliquen incrementos retributivos superiores a los establecidos en la propia norma presupuestaria”.
El sindicato insiste en que se trata de reivindicaciones históricas que no solo buscan la mejora del colectivo, sino también “la protección del capital humano con el que cuentan nuestras Administraciones y los derechos de las personas trabajadoras”.
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