La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Ceuta, sindicato que se presenta como el más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, manifiesta su "preocupación" ante el contenido de los diferentes acuerdos de investidura.
Este sindicato siempre defenderá el ordenamiento jurídico vigente y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
CSIF subraya que los empleados públicos trabajan siempre para garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos y que las administraciones son garantes de los principios que sustentan nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho.
En este sentido, CSIF muestra su firme rechazo a:
La máxima garantía de un Estado de derecho se sustenta en la separación de poderes y el sometimiento de todos los ciudadanos al imperio de la Ley sin distinción alguna, lo que impide el abuso de poder y garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante el ordenamiento jurídico. Toda actuación encaminada a su debilitamiento supondrá la quiebra del Estado de derecho, advierte el sindicato.
Por ello, CSIF rechaza la "tutela política' que se pretende dar" a uno de los poderes del Estado, así como la "quiebra" del principio constitucional básico de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, cuestiones que han garantizado "hasta la fecha" la seguridad jurídica y estabilidad que necesitan todos los sectores de nuestra sociedad para generar riqueza y empleo.
CSIF denuncia que la ejecución del contenido de los distintos acuerdos de Gobierno generará "mayor desigualdad" entre la ciudadanía, pudiendo así "socavar" nuestro marco constitucional que obliga al Estado a garantizar el principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.
Este sindicato exigirá que los Presupuestos Generales del Estado garanticen la justicia económica para todos los territorios, que se lleven a cabo las reformas estructurales necesarias para el refuerzo de los servicios
públicos y que se garanticen y mejoren las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos que los prestan.
CSIF avanza que adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar que el Estado, cuya obligación es garantizar la igualdad de todos los españoles, "renuncie a competencias exclusivas en materia de legislación laboral, régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de los empleados públicos, titulaciones universitarias, así como en materia de Seguridad Social".
Además, CSIF intensificará su actividad con las distintas instituciones del Estado, los órganos de Gobierno y Parlamentos de las autonomías y en la Unión Europea, a través de la Indepent Trade Unions (CESI), de la que CSIF forma parte.
CSIF exigirá que nuestros servicios públicos ofrezcan un servicio de "calidad" en todos los territorios y seguirá reclamando la "supresión de la tasa de reposición en el conjunto de administraciones públicas,
rechazando que se produzcan concesiones solo a determinadas comunidades autónomas".
Asimismo, esta central prestará especial vigilancia a que la clase política "respete la independencia" del conjunto de empleados públicos y que estos cuenten con la seguridad jurídica necesaria en el ejercicio
de sus funciones.
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