La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha acudido al Defensor del Pueblo para que recurra ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley que permitirá superar la ESO y el Bachillerato con suspensos.
Desde CSIF, advertimos de que esta normativa de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, aprobada por el Gobierno el mes pasado y que el Congreso convalida hoy, arranca sin ningún tipo de negociación ni consenso y va a deteriorar la calidad de la enseñanza en todo el país. Por eso, reiteramos nuestra de petición de dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, quien ocultó al Consejo Escolar y a los representantes de los trabajadores el contenido de esta norma.
Además, el Real Decreto no justifica la situación de extraordinaria ni urgente necesidad que argumenta el Gobierno para su aprobación y vulnera el principio de igualdad de oportunidades entre el alumnado. En concreto, los criterios de evaluación en educación primaria ESO y Bachillerato podrán ser modificados por las diferentes administraciones educativas y centros docentes, por lo que se dará un trato diferente al alumnado, en función de la CCAA en la que se estudie.
Para el sindicato, urge un refuerzo educativo y más apoyo al alumnado en vez de rebajar el nivel de exigencia para aprobar. Seguimos avisando al Gobierno: los centros carecen de personal sanitario; faltan medios de protección; las ratios continúan muy por encima de los 20 alumnos por clase que había recomendado el Ministerio de Sanidad; el refuerzo de personal interino es insuficiente. Los fondos Covid-19 de 2.000 millones para la Educación aún no han llegado y no tienen carácter finalista, tal y como exigimos.
CSIF, junto al resto de las organizaciones sindicales de la Mesa de Negociación Docente, ha solicitado por carta a la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, su convocatoria urgente. En la carta, advertimos de que la situación de la negociación colectiva en el ámbito del Ministerio de Educación “dista mucho de un proceso de negociación real y está siendo utilizado, única y exclusivamente, como un espacio informativo por parte de la Administración, en las escasas veces que es convocada".
