La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Ceuta) ha puesto sobre la mesa una propuesta integral para centralizar la atención, identificación y control de todas las personas que hayan ingresado de manera irregular a la ciudad. El objetivo principal de esta iniciativa es reagrupar los recursos asistenciales, de seguridad y administrativos, los cuales actualmente se encuentran dispersos en diversas ubicaciones del territorio ceutí, optimizando así la respuesta pública.
La propuesta de la organización sindical se fundamenta en la habilitación de un gran punto de atención unificado en el Tarajal y en las zonas aledañas del Biutz. De acuerdo con el sindicato, si se acometen las reformas estructurales y las adaptaciones técnicas necesarias, estas instalaciones fronterizas podrían albergar un dispositivo con capacidad para atender hasta a 10.000 personas de forma simultánea.
Esta centralización de recursos permitiría unificar en una sola ubicación los siguientes pilares de la intervención:
- Fuerzas y cuerpos de seguridad: concentración de medios policiales para agilizar los trámites de extranjería.
- Asistencia médica y sanitaria: control y valoración de la salud de los inmigrantes de forma inmediata.
- Servicios sociales y administrativos: gestión coordinada de los expedientes y necesidades básicas.
Para complementar este espacio, se propone la rehabilitación del entorno del Biutz, el cual debe ser acondicionado para cumplir de manera rigurosa con los estándares exigidos de seguridad, salud e idoneidad técnica.
Identificación y triaje sin descanso: Servicio de 24 horas
CSIF defiende como una prioridad de primer orden que cualquier persona que acceda de manera irregular sea integrada de inmediato en los cauces legales establecidos. Esto implica someter a los recién llegados, en el menor tiempo posible, a los procedimientos obligatorios de filiación, biometría, identificación, control sanitario y verificación de antecedentes para esclarecer su situación administrativa.
Bajo el amparo del Reglamento europeo de triaje, el sindicato recuerda que los ciudadanos extranjeros que crucen la frontera exterior de forma no autorizada deben permanecer bajo custodia y disposición de las autoridades mientras se realiza dicho procedimiento.
La normativa vigente exige celeridad en estas gestiones: un período máximo de 7 días para el triaje en frontera y un límite de 3 días de triaje si la persona es localizada en el interior del territorio sin haber pasado este control previamente.
Para que estos plazos legales puedan cumplirse de forma efectiva, CSIF solicita formalmente al Gobierno central un refuerzo de personal de carácter extraordinario.
Este incremento debe abarcar efectivos de la Policía Nacional, personal del área de Extranjería, especialistas en protección internacional y un equipo suficiente de intérpretes, organizados en turnos de trabajo las 24 horas del día mientras persista la situación de excepcionalidad. El sindicato enfatiza que es inadmisible que la escasez de recursos humanos prolongue durante meses unos trámites que la ley exige resolver con rapidez.
Control informatizado de expedientes y medidas cautelares
Una vez que se inicia el expediente correspondiente, la Ley Orgánica de Extranjería dota a la Administración de diversas herramientas de control. CSIF destaca la utilidad de aplicar la presentación periódica ante las autoridades como una medida cautelar idónea e individualizada para mantener localizados a los extranjeros durante la tramitación de su expediente.
Para asegurar la efectividad de esta medida, el sindicato aboga por la implantación de un sistema informático de seguimiento en tiempo real.
Esta plataforma debe permitir conocer con precisión quién tiene la obligación de comparecer, los plazos asignados y si se ha cumplido o no con el trámite. En caso de detectarse incomparecencias sin justificación, el sistema debe registrar el evento inmediatamente para que las autoridades competentes analicen si existe un incremento del riesgo de fuga.
Si la medida inicial resulta insuficiente, la ley faculta a revisar las medidas cautelares por otras más restrictivas, tales como establecer la residencia obligatoria en un lugar concreto o, en caso de cumplirse los extremos legales requeridos, solicitar una autorización judicial para el internamiento preventivo.
CSIF recalca que la incomparecencia no deriva automáticamente en un internamiento —el cual requiere siempre aval de un juez—, pero defiende que estas faltas no pueden quedar exentas de consecuencias administrativas si se quiere preservar la validez del proceso.
Circuitos específicos de protección y control de la salud pública
Dentro del dispositivo del Tarajal, la propuesta del sindicato contempla de forma obligatoria la creación de circuitos específicos para menores y colectivos vulnerables. Estos grupos de especial protección deberán contar con canales de atención diferenciados que cumplan de manera estricta con la legislación tuitiva vigente.
Paralelamente, se solicita la implantación de un dispositivo de control epidemiológico y sanitario permanente. Si los servicios médicos detectan patologías de transmisión rápida, contactos estrechos de riesgo o posibles focos infecciosos, las autoridades sanitarias competentes deberán ejecutar las medidas legales oportunas, que pueden abarcar cuarentenas, aislamientos en dependencias oficiales (como el CIE) o restricciones temporales de movimiento. Con estas medidas se busca garantizar la salud de los propios migrantes, de los empleados públicos (policías, sanitarios, funcionarios) y de la población de Ceuta en su conjunto.
Recuperación de la normalidad urbana y desmantelamiento de instalaciones temporales
La centralización de los servicios asistenciales en el perímetro del Tarajal permitiría, según la propuesta de CSIF, retirar paulatinamente las duchas y aseos portátiles provisionales distribuidos en distintos puntos de Ceuta.
El sindicato reclama una revisión particular de las instalaciones ubicadas en la zona de Benítez para proceder a su reubicación o retirada si se constata que carecen de las autorizaciones sanitarias o de los requisitos técnicos exigibles. Esta medida contribuiría de forma directa a la recuperación de parques, barriadas y playas para el uso y disfrute ordinario de la ciudadanía.
Protección de la economía local y los empleos en el Tarajal
El sindicato advierte que la implantación de este gran dispositivo fronterizo no puede menoscabar la actividad económica de la zona. Por ello, insta a la Ciudad Autónoma de Ceuta a aprobar una línea de subvenciones extraordinarias para los negocios del Tarajal.
Estas ayudas deben estar destinadas con prioridad a sostener los puestos de trabajo existentes, evitar el cierre definitivo de comercios y pymes de la zona, así como ayudar a sufragar los costes operativos fijos y compensar las pérdidas económicas derivadas de la crisis migratoria.
Desde CSIF concluyen que la cooperación entre el Gobierno de España (responsable de aportar los refuerzos de seguridad y extranjería) y la Ciudad Autónoma (dentro de sus atribuciones competenciales) es indispensable para articular esta respuesta ordenada.
La organización considera que centralizar recursos, triar las 24 horas y velar por la economía del Tarajal es la única vía viable para recuperar de forma progresiva la normalidad en Ceuta.
