El sindicato CSI mantuvo ayer un encuentro con parlamentarios socialistas y populares con quienes abordó la modificación de la reforma laboral y evitar así la posibilidad de que se puedan realizar expedientes de regulación de empleo sobre empleados públicos. CSIF intentará, según advirtió en nota de prensa, que el PP modifique in extremis esta posibilidad en el trámite de la reforma laboral que se inicia esta semana en el Senado porque “se abre la puerta al despido de cerca de 700.000 personas en el conjunto de las administraciones públicas”. El sindicato ofrece al partido que sustenta al gobierno una “última oportunidad” para que, con su voto, envíe un mensaje de tranquilidad al colectivo de empleados públicos que ven peligrar su puesto de trabajo. “Se está jugando con 700.000 familias que en estos momentos están muy intranquilas”.
