Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Ceuta se ha presentado este viernes un recurso solicitando la suspensión del decreto emitido por el Presidente de la Ciudad el pasado 18 de marzo y publicado en el
BOCCE extraordinario número 15 de 21 de marzo al ser este, indican desde CSIF, "contrario a la normativa". "El referido decreto, el cual ha transferido hasta cinco competencias de la Consejería de Sanidad a la Consejería de Medio Ambiente, incluyó un apartado en el que indica que los trabajadores del Área de
Sanidad deben seguir realizando las funciones aún cuando estas han sido transferidas a la Consejería de
Medio Ambiente, algo sin sentido ni base jurídica legal que lo sustente", explica desde la central sindical. CSIF también indica que habría que tener en cuenta en todo este asunto que "todos los empleados de la Ciudad Autónoma se encuentran adscritos a Consejerías o Unidades Administrativas para realizar las funciones propias del puesto, lo que imposibilita que los empleados puedan realizar funciones o procedimientos administrativos de competencias adscritas a otra Consejería distinta a la que pertenecen". Por lo que indican esta situación estaría llegando al punto de que, con la aplicación del nuevo decreto, auxiliares administrativos o administrativos (por poner un ejemplo), tendrían que participar en la elaboración de procedimientos administrativos de un Consejero del cual no dependen orgánicamente. "Y lo que es más rocambolesco, en contra de la orden y competencia de su propio de jefe, que es el que tiene que encomendarle el trabajo a realizar en cada momento", puntualizan desde CSIF a través de una nota. "No es poca la normativa, que indica que la única Consejería con competencias en la adscripción, modificación y supresión de los puestos e incluso los cambios de adscripción es la Consejería con competencias en RRHH, algo que incluso indica el propio Decreto de organización que modifica este, el cual, parece que el Presidente no se ha leído íntegramente", prosigue el escrito de la central sindical. Además, la denuncia más grave que hacen hablaría de presuntas amenazas ya que, aseguran, "los empleados tienen que aguantar ser amenazados por el Director General de Recursos Humanos, Rafael Alarcón, con abrirles un expediente y sancionarlos cuando estos solo le reclaman que se les informe por escrito si la nueva situación mantiene todas las garantías jurídicas para así, no incurrir en una ilegalidad al realizar actos administrativos para los que ahora, no tienen competencias". El alegato final que la central sindical realiza en su nota dice así: "Desde CSIF iremos hasta las últimas consecuencias contra quienes maltraten a los empleados públicos como ahora, están haciendo. Por todo ello desde CSIF hemos impugnado el Decreto del Presidente de la Ciudad solicitando la suspensión inmediata y su anulación ya que él mismo, es contrario a la normativa vigente y vulnera múltiple normativa que desde CSIF obligaremos a cumplir. Asimismo, desde CSIF seguiremos realizando cuantas acciones entendamos necesarias para defender los derechos de los empleados y para impedir que los políticos jueguen con la Salud y con la seguridad jurídica de los empleados afectados".