CSIF calcula que el recurso del Gobierno a una sentencia sobre el convenio de inmigración costará a la población de Ceuta un mínimo de 300.000 euros. El
sindicato recuerda que, desde hace algo más de 15 años, la Ciudad mantiene un
convenio de colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales que ha mantenido en una situación "de precariedad laboral" a casi 20 empleados. El sindicato exige al Gobierno que recapacite y retire el recurso presentado ya que, entre otras razones, pone en peligro "todas las consolidaciones del personal" que lleva hasta 20 años esperando poder conseguir la tan "ansiada estabilidad" laboral. Esta situación se ha resuelto "favorablemente" para los trabajadores de Servicios Sociales, ha explicado la central, porque han visto como el Juzgado de lo Social de Ceuta, mediante sentencia, les ha reconocido su condición de "empleados de la Ciudad con los mismos derechos y garantías que el resto, unido a una importante indemnización en concepto de atrasos". El coste de la "negligente y fraudulenta" gestión de personal de este Gobierno asciende a un total de 150.000 euros aproximadamente en este caso, según los cálculos de CSIF, y la situación quedaría "resuelta, tanto para los trabajadores que verían reconocidos sus derechos y además se solventarían en gran parte los problemas de personal que padece desde hace años la consejería de Asuntos Sociales".
Decisión "única y exclusivamente política carente de base jurídica"
Sin embargo, continúa el sindicato, el Gobierno de la Ciudad con su presidente a la cabeza ha planteado recurso contra esta sentencia, asegura. Se trata de una decisión, a su juicio, "única y exclusivamente política carente de base jurídica alguna, así nos lo han expresado todos los jurídicos consultados por CSIF que han tenido acceso a la sentencia tanto de la Ciudad como privados". A su parecer, "no existe pronunciamiento técnico alguno a favor de plantear este recurso que dilatará la situación de precariedad para estos trabajadores durante al menos un año y medio más (entre 18 y 20 meses se estima) por el mero capricho del Gobierno". Esta decisión, argumenta CSIF, solo pretende "ganar tiempo y que los ciudadanos asumamos las consecuencias, puesto que cada mes que se dilate la resolución del recurso supondrá para las arcas de la ciudad un sobre coste de 7.500 euros más, es decir, no solo tenemos que pagar la negligente gestión del Gobierno que supone hoy un coste de 150 mil euros para las arcas de la ciudad, sino que además, por la caprichosa y temeraria decisión de recurrir una sentencia que se sabe perdida, tendremos que pagar el doble o más, estimando un mínimo de 300.000 euros". CSIF tilda de "vergonzoso y bochornoso" que desde el Gobierno de la Ciudad se tomen decisiones "de este calado usando" el patrimonio de todos los ceutíes, algo que no ocurriría, sostiene, "si los miembros del Consejo de Gobierno pusieran en juego su propio patrimonio evitando así que tomaran este tipo de decisiones arbitrarias e injustas que solo responden a voluntades políticas caprichosas con intereses espurios sin soporte técnico de ningún tipo, pero por suerte para ellos, es el dinero de todos los ceutíes con el que pagan".