La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (
CSIF), el sindicato más representativo en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en el sector privado, está celebrando este jueves en Granada su X Congreso Nacional, del que saldrá reelegido como presidente el aragonés Miguel Borra tras recibir el 96% de los apoyos. A la cita han acudido como compromisarios cinco representantes de CSIF en Ceuta empezando por su presidente autonómico,
Juan Iglesias. También Iván Ramos (de Administración Local), Gema Jiménez (de Empresas Públicas del Estado),
Alejandro Artero (
Sanidad) y Estefanía Lara (
Educación). En el Palacio de Congresos de Granada está teniendo lugar una de las citas más importantes de la central sindical cada cuatro años, en la que se da cita un total de 577 compromisarios de todas las autonomías de España. Se ha elegido también a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, órgano de dirección nacional que marca el rumbo y la agenda de la central en todo el país, donde ha superado ya el cuarto de millón de afiliados en todo el ámbito nacional. “Con especial recuerdo” se ha recordado la pandemia de la enfermedad del coronavirus que tuvo lugar durante la
legislatura sindical que CSIF ha terminado ahora. El sindicato ha presentado su hoja de ruta para los próximos años con objetivos como un nuevo acuerdo salarial, plan de empleo a varios años, rejuvenecer plantillas, jornada de 35 horas en toda España, mejoras en las condiciones de jubilación, regular el teletrabajo, mejoras en las condiciones de jubilación y adecuada financiación de la sanidad en las mutuas, entre otros.
Junto a Borra, Antonio Díaz García ha sido designado vicepresidente nacional y Begoña Montero Medina secretaria general nacional. Asimismo, fueron designadas al frente de las secretarías de área: Francisco Lama Peaguda, Andrés Montero, Milagros Dorronzoro Fábregas, Encarna Abascal Pérez, Pedro Poves Oñate y Eva Fernández Urbón. CSIF quiere impulsar una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que sea suficiente el 5 por ciento de representatividad para estar presentes en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito político, donde se precisa entre el 3 y el 5 por ciento. Así “se eliminaría el monopolio de los sindicatos de clase, respondiendo a la necesidad de trasladar al campo sindical el pluralismo democrático de la sociedad española”. La central superó en Ceuta al cierre de 2023 el 10% del total de delegados de personal de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas, con lo que se ha ganado el derecho a nuevas funciones y capacidades como ejercer la negociación colectiva en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o para promover elecciones sindicales. También para “participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos procedimientos de consulta o negociación”, para hacer lo propio en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos de trabajo y para “promover elecciones” en el sector privado o público.