Las organizaciones sindicales Cemsatse y CSIF, que representan conjuntamente la mayoría de la representación sindical en la Mesa Sectorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), han abandonado hoy la reunión convocada por la Administración.
Las asociaciones sindicales consideran que su celebración incumple el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Mesa Sectorial y supone un nuevo episodio de deterioro del diálogo social en el ámbito del Ingesa.
Antes del inicio de la sesión, ambas organizaciones formularon una cuestión de orden dirigida a la Presidencia de la Mesa, advirtiendo expresamente de que la convocatoria no se ajustaba al Reglamento que rige este órgano de negociación y que, en consecuencia, la reunión no debía celebrarse en esas condiciones.
Asimismo, solicitaron que se dejara sin efecto la convocatoria hasta garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento de la Mesa Sectorial.
Pese a esta advertencia formal, la Administración decidió continuar con la reunión, ignorando las objeciones planteadas por las organizaciones sindicales mayoritarias.
La convocatoria, cuestionada por la mayoría sindical
Ante esta decisión, CSIF y Cemsatse abandonaron la reunión antes de que comenzara el debate de cualquier punto del orden del día, al entender que su permanencia supondría legitimar un procedimiento que consideran contrario al Reglamento de la Mesa Sectorial.
Lo ocurrido hoy no constituye un hecho aislado, en la sesión celebrada el pasado 30 de junio, Cemsatse, CSIF y USAE ya abandonaron la Mesa Sectorial al denunciar que el INGESA había incumplido el propio Reglamento al no facilitar previamente el borrador del acta de la reunión anterior.
Lejos de corregir aquella actuación y restablecer un clima de confianza, la Administración ha optado por persistir en una forma de proceder que está erosionando gravemente el funcionamiento de la Mesa Sectorial y vaciando de contenido el proceso de negociación colectiva.
Resulta especialmente significativo que el Ingesa haya decidido mantener la celebración de la reunión pese a la ausencia de las dos organizaciones sindicales que representan la mayoría absoluta de la representación sindical en la Mesa Sectorial, destacan desde los sindicatos.
Una decisión de esta trascendencia no puede interpretarse como un funcionamiento normal de un órgano de negociación cuya finalidad es alcanzar acuerdos mediante el diálogo y el consenso entre la Administración y los legítimos representantes de los trabajadores, afirman.
Los sindicatos advierten de un deterioro del diálogo social
Para Cemsatse y CSIF, el diálogo social exige algo más que convocar reuniones. Exige respetar las reglas de funcionamiento previamente acordadas, garantizar la transparencia, facilitar la documentación en los plazos establecidos y atender las cuestiones de orden cuando afectan a la propia validez del proceso negociador.
Cuando estas garantías desaparecen, la negociación deja de ser un verdadero espacio de diálogo para convertirse en un mero trámite carente de las condiciones mínimas exigibles.
Las dos organizaciones consideran especialmente preocupante que, en lugar de reconducir la situación tras los hechos ocurridos en la anterior Mesa Sectorial, el Ingesa haya optado por mantener una dinámica que incrementa el conflicto institucional y dificulta cualquier posibilidad de alcanzar acuerdos con quienes representan mayoritariamente a los profesionales de la sanidad pública de Ceuta y Melilla.
CSIF y Cemsatse reafirman su compromiso con la negociación colectiva, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, pero advierten de que ese diálogo solo puede desarrollarse desde el respeto al Reglamento de la Mesa Sectorial y a los principios de legalidad, buena fe y transparencia que deben presidir cualquier proceso negociador.
Las organizaciones sindicales anuncian que defenderán, por todas las vías legales y sindicales a su alcance, el correcto funcionamiento de la Mesa Sectorial y los derechos de representación de los trabajadores, al entender que la calidad del diálogo social constituye una garantía esencial para los profesionales y, en última instancia, para el buen funcionamiento de la sanidad pública.
