El sector de Enseñanza de CSI.F cree que, una vez aprobada la norma en las Cortes Generales, es hora de dar por cerrada la “batalla política” contra la LOMCE y de “trabajar para mejorar la calidad de la enseñanza y del profesorado en su desarrollo”. “Es hora de pasar página y adoptar medidas concretas que garanticen una educación homogénea y de calidad en el conjunto del Estado”, opina la central, que ayer emplazó al Ministerio, a las Comunidades Autónomas y a todas las fuerzas políticas a abrir una nueva etapa en el debate educativo.
“Esta Ley no resolverá los problemas y carencias que presenta nuestra Educación porque mantiene el patrón de la LOE en aspectos de calidad y falta de reconocimiento a la autoridad del profesorado y la apuesta por el sistema privado”, recordaron su posición los de Estefanía Lara en una nota de prensa.
Sin embargo, una vez aprobada la ‘ley Wert’ el sindicato opina que tiene la “responsabilidad” de “velar por los intereses de docentes y alumnos mediante el desarrollo normativo”. “No es tiempo”, entiende CSI.F, “de lamerse las heridas sino de ponerse a trabajar en la mesa de negociación desde la unidad sindical”.
En este sentido, reclamó al Gobierno garantías para que la Educación “se imparta en el conjunto del Estado de manera homogénea y con calidad, garantizando la universalidad y la igualdad de oportunidades”. Al mismo tiempo, CSI.F reivindicó “que las Comunidades Autónomas demuestren voluntad política y altura de miras, con el fin de que no haya 17 sistemas educativos diferentes, salvaguardando obviamente las particularidades de cada una, conforme a nuestra Constitución”.
En este sentido, CSI.F ha presentado diferentes enmiendas a los decretos de currículo básico y a los informes de la ponencia “para mejorar su aplicación con criterios de calidad”.
Mientras tanto, según se vaya desarrollando la Ley y aplicando sus contenidos, la central se mantendrá “vigilante” y denunciará “cualquier agresión al carácter público de nuestra enseñanza”.
De manera paralela, centrará sus esfuerzos “en la negociación de un Estatuto Docente que recoja las reivindicaciones del profesorado en materia de promoción y carrera profesional, así como las condiciones laborales que han sido sensiblemente mermadas desde el comienzo de la crisis, a través de sucesivos recortes”.
“La insumisión, la pasividad o el enfrentamiento institucional no benefician ni a alumnos ni a profesores”, justificó su postura el sindicato.
