En las circunstancias actuales de crisis se detectan síntomas de discriminación en hechos cotidianos, aparentemente intrascendentes, que son caldo de cultivo para el desarrollo de ideas, actitudes y comportamientos racistas y xenófobos. Estos síntomas no se extenderán exclusivamente a los inmigrantes, sino que podrán afectar cada vez más a comunidades de histórica implantación y raigambre local, como, por ejemplo, en Ceuta, musulmanes y judíos. Todas estas reacciones son respuestas contrarias al espíritu de la democracia, generadas, como la onda expansiva de una explosión, por la crisis económica global en la que estamos, cuyos efectos pueden prolongarse a lo largo de buen número de años en forma de conflictos sociales en España y en Europa.
Actualmente, la función del Estado como agente de la sociedad del bienestar, está siendo desfigurada, de modo que pretenden hacerla desaparecer a favor de los intereses de las grandes corporaciones internacionales, que manejan enormes recursos financieros, industriales, fuentes de energía, flujos alimentarios e investigación científica básica y aplicada. A este conjunto de factores, causados por la acumulación de capital y la concentración de poder, el choque entre un modelo de desarrollo productivista y consumista con un Estado del bienestar insuficiente y la quiebra o ausencia de proyecto democrático político y social, se superpone la desconfianza hacia el mundo de la política, al que los ciudadanos vemos alejado de nuestras vidas y atrapado en la corrupción; también el difuso temor a la pérdida de identidad nacional, pues decisiones que nos afectan directamente se toman por organismos e instituciones lejanos y, por último, la presencia de la inmigración y de tradiciones culturales y religiosas diferentes.
El racismo y la xenofobia no son asumibles por una cultura democrática, aunque estén refrendados por los votos, pues hay principios fundamentales como la dignidad, los derechos civiles y libertades de las personas, que no pueden verse sometidos a sufragio. No pueden utilizarse la libertad y el derecho al voto para negar dichos principios, ya que son consustanciales a la democracia y al Estado de Derecho. Los ciudadanos tenemos que reaccionar inspirados por el compromiso con los Derechos Humanos, de aplicación universal, para neutralizar en el día a día de nuestra ciudad, toda manifestación de intolerancia y hacer retroceder esta lacra del ser humano. Sólo desde el estímulo de una cultura basada en la dignidad de la persona y los valores democráticos podremos dar frutos de razón y de diálogo, pero también es necesario criticar de forma pública las ideas y discursos que albergan el odio para que no se materialicen en movimientos y partidos políticos; hay que denunciar infracciones y delitos de claro signo discriminatorio o racista para deslegitimar socialmente esas conductas, al tiempo que se promueve la solidaridad activa con la víctima; es decisivo influir y presionar a los partidos políticos para que se desarrollen la legislación y las políticas de apoyo que nos protejan a todos, amparen a las víctimas y promuevan la sensibilidad social y la educación en los valores del reconocimiento mutuo, la convivencia y el diálogo. Sólo así evitaremos las bárbaras consecuencias del odio y la intolerancia, no teniendo que lamentar todo aquello justo que pudimos hacer y por cobardía ignoramos.
