El cribado de cáncer colorrectal se adelantará en 2023 hasta los 55 años

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este viernes a la Consejería de Sanidad de Ceuta para firmar un nuevo convenio de colaboración con la Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) para ampliar el cribado de cáncer colorrectal que comenzó a realizarse en 2016 y que el año que viene se extenderá a toda la población local con más de 55 años sin superar los 69.

El consejero responsable y portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha explicado que el programa de detección se inició hace seis años y ahora tendrá otros cuatro de recorrido una vez superada la fase más crítica de la pandemia de la covid-19.

Si en 2016 se puso en funcionamiento con un programa piloto para la población con entre 65 y 69 años y ya se ha adelantado hasta todos los mayores de 60, en 2023 se ampliará de nuevo a aquellos residentes con más de 55 y antes de 2026 alcanzará a todos los quincuagenarios.

“Se dirige a la población de riesgo medio y queda excluida aquella que cuenta con antecedentes familiares u otras patologías digestivas”, ha detallado Gaitán, quien ha precisado que la prueba de test de sangre oculta en heces es “sencilla e indolora”.

40.000 euros para contratar la toma de muestras

La Ciudad reservará 40.000 euros para contratar la toma de muestras y la Dirección Territorial se hará cargo de la realización de colonospias en los casos en los que la prueba dé positivo.

El consejero de Sanidad ha valorado la rúbrica de este acuerdo como “un ejemplo más del compromiso de esta administración en la prevención y detección del cáncer, que también se extiende a los de mama, pulmón o cérvix”.

Numerosos estudios han demostrado la obtención de una disminución significativa de incidencia y mortalidad en poblaciones sometidas a pruebas de detección precoz de cáncer colorrectal y que estos beneficios superan los potenciales riesgos.

En España este programa se incorporó a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en el año 2014 especificando que las comunidades y ciudades autónomas tendrían 5 años para iniciar su implantación y 5 más para alcanzar una cobertura próxima al 100% de la población.