En las últimas semanas, con motivo de las celebraciones del “Día de Ceuta” y la Fiesta de Instituciones Penitenciarias, hemos asistido a actos llenos de personas ajenas a la Institución Penitenciaria y a declaraciones y tópicos vacíos de contenido (Servicio a la Ciudad, Reinserción Social, Cumplimiento del Deber, etc.), que buscan maquillar una realidad muy distinta.
Se van a cumplir 7 años de la inauguración (que no apertura) de la prisión, y en ese acto del año 2017, los responsables políticos del momento afirmaban que la apertura venía a cubrir las necesidades penitenciarias de la ciudad. Se anunció un gasto de 140 millones de euros, que supuso la mayor inversión en décadas de la AGE en la ciudad.
Transcurrido todo este tiempo, observamos que nada se ha cumplido, y siete años después, dos terceras partes de sus celdas están vacías. Ciudadanos ceutíes cumplen penas privativas de libertad en prisiones por toda Andalucía, y se presta un servicio público de muy baja calidad en comparación con el que se ofrece en el resto del Estado.
Desde hace 44 años, cuando se publicó la Ley Orgánica General Penitenciaria (una de las primeras leyes orgánicas de nuestra democracia), los ciudadanos condenados a cumplir penas privativas de libertad son considerados personas con derechos, que forman parte de la sociedad, y se encomienda al Estado la finalidad de su reinserción. Para ello, se han construido centros penitenciarios por todo el Estado, similares al de Fuerte Mendizábal, dotándolos de medios humanos y materiales que han permitido que la cárcel no sea solo un lugar de encierro, sino un espacio donde es posible el cambio.
Este nuevo tipo de centros permite separar a jóvenes de adultos, a primarios de reincidentes, crear módulos de respeto, terapéuticos, etc.; es decir, ofrece el marco necesario para hacer posible el tratamiento y el cumplimiento de la ley.
En los centros penitenciarios del Estado, desde hace años, tenemos programas obligatorios para atender a quienes llegan condenados por delitos de violencia de género, contra la seguridad vial, agresiones sexuales, delitos económicos, etc. Desgraciadamente, esto no ocurre en Ceuta, donde un interno joven convive con adultos, un primario con internos multirreincidentes, los talleres están cerrados, y no se cuenta con un módulo específico para atender con programas adecuados a la cada vez mayor población que recibimos con problemas de adicciones y enfermedades mentales. Las carencias de personal impiden abordar programas con los internos, como el de violencia de género (PRIA), como sí hacemos en el CIS por exigencia judicial.
Desde CCOO, queremos exigir, por un lado, al Ministerio del Interior que abra las más de 400 celdas cerradas y las dote de personal, ya que este abandono está dificultando el trabajo a los funcionarios de vigilancia, cuando no su seguridad, y que junto con los internos son las auténticas víctimas.
Esta ciudad tiene unas infraestructuras penitenciarias preparadas desde hace siete años para prestar el servicio a los ceutíes que nos obliga la ley, y ya es hora de que nuestro ministro y la Delegada del Gobierno las pongan en marcha. Y sobre todo, que nuestra Directora, entre tanto festejo y condecoración, deje de ignorar esta realidad.
