La responsabilidad de atender a los menores extranjero no acompañados que llegan a nuestra ciudad está haciendo que la Administración local asuma unos gastos que difícilmente se pueden justificar desde el punto de vista político. No hay ningún argumento de peso que pueda poner encima de la mesa el Ejecutivo central para defender que las arcas públicas de nuestra ciudad deban asumir la mayor parte del gasto de cinco millones de euros necesarios para atender a estos niños. De esa cantidad, sólo 1,5 millones los aporta la Administración central.
El desfase, como se puede ver, no es de unos cuantos cientos de miles de euros que se pueden compensar en el siguiente Ejercicio. La diferencia entre la cantidad que recibe la Ciudad para llevar a cabo el servicio y lo que en realidad éste cuesta es de tal magnitud y se prolonga durante tanto tiempo que es necesario darle solución de manera inmediata.
Las cuentas no salen en Ceuta y ni en Melilla, donde el desequilibrio es aún mayor. En ambas ciudades no hace falta apelar a la solidaridad de sus habitantes porque vienen dando muestras de la misma desde hace mucho tiempo. Y, sin duda, ceutíes y melillenses no dejarán que se pierda esta virtud que caracteriza a ambos pueblos. Sin embargo, frente a estas muestras de apoyo hacia estos niños y otros colectivos desamparados, el Ejecutivo central no puede mirar hacia otro lado y desentenderse de un problema que en las dos ciudades autónomas tiene una dimensión desconocida en el resto del país. Sólo hay que calcular qué representan esos cinco millones de euros en relación con nuestro presupuesto y aplicar ese porcentaje sobre las cuentas de cualquier otra autonomía. El resultado sería una cifra insoportable para las arcas de cualquier región, tan insoportable como resulta para el presupuesto de nuestra ciudad y el de Melilla, sobre todo si tenemos en cuenta que este lastre económico lo venimos soportando a lo largo de los últimos ejercicios y en este tiempo no ha dejado de crecer.
